Sobre el argumento de la proyectista, la diputada Rocío Vallejo, quien sostiene que el aumento de pena podrá evitar la extinción de la causa debido a las chicanas, el abogado respondió que los años de condena no son el problema, sino la ineficiencia de la Fiscalía y la morosidad excesiva del Poder Judicial.
“Con aumentar la pena no van a lograr que, por un lado, las investigaciones del Ministerio Público sean más eficientes, y, por otro lado, reducir la morosidad o las dilaciones que se puedan provocar en una causa penal. Podés aumentar a 50 años la condena, pero eso no va a cambiar lo que hace a la práctica en cada uno de esos casos”, resaltó.
Maciel Guerreño resaltó que un aumento de pena no logra convencer al actor de no cometer el delito, sino la posibilidad de un castigo. “Lo que disuade es que cuando uno comete el hecho, independientemente a la gravedad, se aplique un castigo. Si yo cometo un delito y tengo la esperanza de que voy a quedar impune, la cantidad de años no tendrá esa finalidad disuasoria”, aseveró.
Para el ex viceministro, a lo que se debe apuntar es a saber por qué prescribe la causa y por qué se dilató.
“Cuando en un sistema hay impunidad, y me refiero a la falta de castigo a los responsables, no necesariamente castigarle a cualquiera, que también ocurre, porque a veces se busca un chivo expiatorio y se le castiga sin ninguna evidencia, eso no; la impunidad real es que la persona responsable logra evadir el proceso”, definió.
CONCURSO. Otro elemento muy importante señalado por el abogado es que los hechos de lesión de confianza y estafa pueden concursar con otros, como asociación criminal o producción de documentos no auténticos. De esa manera, se permite aumentar el marco penal máximo hasta la mitad; es decir, si la estafa tiene una pena máxima de 8 años puede elevarse a 12.
Por ese motivo, aumentar la condena es totalmente innecesario, según Maciel. Si bien en el Senado se mantiene la pena tal como está, para el abogado los cambios que hacen en esa cámara complican mucho más el trabajo de comprobar el hecho.
Se agregan elementos subjetivos para categorizar como graves los hechos, lo que hace todavía más dificultoso poder sancionar esos casos especialmente graves. Entonces, el juez entiende que el legislador le dice que solo esos casos que se detallan pueden ser graves. “La idea es que ante la variedad, que es imposible de prever, de circunstancias fácticas que se pueden dar, uno pueda entender que sea un supuesto especialmente grave. El proyecto es peligroso, entiendo que tiene buena finalidad, la intención es buena, pero el camino que se optó para lograr eso, no es el adecuado”, sentenció.
Finalmente, resaltó que esta no es la manera de combatir la corrupción, ya que el problema está en el proceso.
“Si la finalidad del proyecto es combatir la corrupción, esta no es la mejor estrategia, porque aumentar penas y establecer casuísticas, no hacen que la investigación fiscal sobre hechos de corrupción sea más eficiente y tampoco evita la morosidad judicial”, destacó.
EL PROYECTO. El proyecto de ley original modifica los artículos 187 y 192 del Código Penal, para que la lesión de confianza y la estafa en los casos especialmente graves alcancen hasta 15 años de pena carcelaria, según se aprobó en Diputados.
Actualmente, el máximo para lesión de confianza es de 10 y para estafa es de 8, y en el Senado se aprobó mantener tal cual como está, es decir, no aumentar como se propone en Diputados. Sin embargo, se añaden condiciones específicas para considerar un caso grave.
Rocío Vallejo se mostró en contra del proyecto del Senado y consideró que es un daño para la lucha contra la corrupción. Alega que se dificulta probar el hecho, ya que el fiscal debe demostrar que hubo dolo, entre otras cosas.
Todo apunta a que Diputados se ratificará en su versión.
Aumentar la pena no va a lograr que la investigación de la Fiscalía sea más eficiente ni reducir la morosidad judicial.
Rubén Maciel Guerreño,
ex viceministro.
Defensa Pública pide estudio poblacional
La senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), lamentó que se insista en el aumento de las penas a casos de corrupción pública modificando el Código Penal, cuando existen informes técnicos, como el de la misma Fiscalía y de la Defensa Pública, que argumentan en contra.
En el caso de la Defensa Pública, en su dictamen, sostiene que, primero, el proyecto no tuvo en cuenta la situación de las cárceles y la crisis del hacinamiento. Insiste en que se necesita una reforma penal, pero por sobre todo una política criminal seria, enfocada en trabajar en los orígenes y las causas de la criminalidad.
“La política criminal no se trata como se piensa actualmente de elevar penas, quitar beneficios, no, la política criminal se trata de hacer estudios poblacionales que permitan dar cuenta de lo que necesita la sociedad realmente para el momento específico”.
El Ministerio Público, por su parte, indica que aumentar la pena no elimina el problema de la prescripción, que seguirá siendo de 5 años, no 15, como sostiene Vallejo, porque solo se legisla en este caso para las causas especialmente graves.