Tras meses de auditorías sobre la gestión de algunas gobernaciones por parte de la Contraloría General de la República (CGR), queda la expectativa que, de acuerdo a las gruesas denuncias, la pesquisa dé como resultado algún hallazgo de hecho punible contra el patrimonio. Los gobiernos departamentales en este momento auditadas son cuatro, en referencia a la utilización de los fondos de emergencia. No obstante, hay otras auditorías en curso que guardan relación con la gestión en sí de las gobernaciones en base a su presupuesto ordinario.
Una de las gobernaciones cuya auditoría aún no arroja resultados es la de Alto Paraguay, a cargo del colorado cartista Domingo Mino Adorno, para cuya gestión se había ordenado la Fiscalización Especial Inmediata (FEI).
De acuerdo a las denuncias y el presunto daño patrimonial que podría corroborarse o no en base a las denuncias, podría ser igual o más grave que la que tiene en el ojo de la tormenta al gobernador de Central, Hugo Javier.
Los denuncias sobre la gestión de Adorno son varias y eso obligó a que Contraloría ordenara la auditoría ya a finales de marzo y principios de abril de este año por lo que llama poderosamente la atención la lentitud como el trabajo se lleva a cabo.
Entre las numerosas denuncias de irregularidades, se halla la más contundente puesto que incluso derivó a que la propia Dirección de Contrataciones Públicas se expida al respecto. Tras una investigación de este medio, la DNCP había derivado a la CGR el expediente sobre una adjudicación de esta institución departamental por G. 800 millones al hijo del jefe de Recursos Humanos de la Gobernación, Claudio Castillo, en un claro hecho de nepotismo.
Otros hechos. También la administración de Mino Adorno adjudicó la construcción de una obra por valor de G. 350 millones al esposo de su hijastra, Diomedes Osmar Fiori Castillo. Familiares y amigos del político son los más beneficiados con jugosos contratos en la Gobernación.
Asimismo, ganaderos de la zona habían solicitado investigar unos G. 628 millones que recibió la Gobernación en el marco de la situación de emergencia nacional decretada en el 2019 por los incendios forestales. La obra de «cortafuego», que según los denunciantes nunca se realizó, fue adjudicada a Pablina Valdez Maldondo, pareja del jefe de Recursos Humanos de la Gobernación, Claudio Castillo.
Por último, adjudicó la construcción de un tinglado a una pizzería, que data de 2019 y cuya obra quedó sin concluir utilizando de excusa el Covid.
Cuatro gobernaciones. La Gobernación mencionada además se une a otras tres que están siendo auditadas en referencia al uso de los fondos de emergencia para hacer frente a la pandemia actual.
Cabe recordar que en mayo pasado, la CGR había ordenado la auditoría de los recursos asignados en relación a la pandemia a las gobernaciones.
El trabajo consiste en realizar entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de las cuatro gobernaciones como en las áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados.
Se fijó que cada gobernador designará un nexo oficial al efecto de facilitar los medios y documentos requeridos por los auditores, que cada gobernación deberá presentar en plazo y forma.
De las 17 gobernaciones que recibieron USD 1 millón cada una para hacer frente a la pandemia, 4 de ellas no presentaron la rendición respectiva. Ellas son la de Central, a cargo de Hugo Javier González Alegre; José Domingo Adorno, de Alto Paraguay; Juan Carlos Vera, de Guairá, y Darío Rafael Medina, Boquerón.
1.000.000 de dólares es el monto que recibió cada gobernación, de las cuales unas cuatro no rindieron aún cuentas.
800 millones de guaraníes es el monto de una adjudicación a “medida” dentro de A. Paraguay
