Entre los varios temas que analiza el equipo auditor en Petróleos Paraguayos (Petropar) se encuentran las adquisiciones de la estatal bajo la modalidad de “compra spot”. Así lo informó el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, quien integra el equipo interinstitucional que lleva adelante la auditoría a Petropar.
El presidente Mario Abdo Benítez ordenó esta auditoría, que incluye la gestión del gobierno de Horacio Cartes en la petrolera y los primeros meses de la actual administración de la estatal.
Además designó para liderar el trabajo al ex fiscal Carlos Arregui, hoy asesor de transparencia e integridad del Ejecutivo.
Seitz dijo a Última Hora que se está analizando jurídicamente la modalidad de compra en cuestión. No pudo precisar si saldría algún dictamen al respecto o bien si se tomaría alguna decisión de cambio de modalidad. “Se analizan los efectos de esta modalidad, entre ellos los jurídicos”, explicó.
Además de Contrataciones Públicas, integra este equipo del Ejecutivo la Secretaría Nacional Anticorrupción y el Ministerio de Hacienda. El equipo auditor se instaló en Petropar la semana pasada y se espera que en un plazo de 60 días se tengan los primeros resultados de la auditoría.
Marco legal. El Decreto Nº 8037 del año 2011 autorizó a la empresa estatal a utilizar el procedimiento de contratación por la vía de excepción para la compra spot de productos derivados del petróleo. Esta modalidad de actuación, para realizar compras rápidas vía excepción en casos de urgencia o ventaja de precios, fue aprobada en su momento por Contrataciones Públicas.
desacuerdo. Elvio Brizuela, director del Consejo Nacional de Empresas Públicas, manifestó su desacuerdo con esta modalidad. “La compra spot en sí nosotros tampoco estamos de acuerdo porque la compra spot es tener la posibilidad de hacer compras al contado. Pero digamos que yo puedo hacer una compra spot teniendo, por ejemplo, una pequeña ventaja con respecto a los precios de la licitación (...)”, dijo.
Otro Decreto que analizará el Ejecutivo es el 5520 del 2016 que otorga amplias facultades a las autoridades de empresas públicas y sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, para realizar compras directas y eludir licitaciones.
