Laura Mercedes Benítez García, una docente jubilada, denunció que por recomendación fue hasta a la Defensoría Pública de Lambaré, pero no fue asistida. La respuesta que recibió es que estaban ya cerca del horario de salida y que no le podía atender, explicó. También le dijeron que ella debía llevar todo el expediente del Juzgado donde le habían embargado todo.
Al respecto, Benítez dijo que la Defensoría debía “canalizar” esos trámites, por lo que recurrió a la prensa. “Estoy sin dinero porque estoy cobrando G. 500.000 con todo los descuentos y por eso estoy recurriendo a la Defensoría”, lamentó.
Posteriormente, un funcionario le contactó por celular y le pasó con la defensora Claudia Vázquez, quien la habría retado por acercarse primero a la comisión del Senado.
Finalmente, le pidieron sus documentos, pero le solicitaron un certificado de vida y residencia, que no es requisito para tramitar estos casos.
Otra denuncia similar provino de María Dominga Martínez, una docente que denunció, se presentó ante la misma unidad de la Defensoría, y que fue atendida por la defensora Vázquez, que le mandó de un lado a otro sin avanzar en su caso. “Así no se juega con la gente”, cuestionó la mujer.
A raíz de ambos casos, el órgano auditor llegó hasta la oficina de la defensora Claudia Vázquez, por disposición del titular de la Defensoría Público, Javier Esquivel.
El informe de la auditoría señala que la defensora en cuestión alegó que Laura Benítez llegó fuera del horario laboral y que se le hizo el escrito de toma de intervención y el de beneficio de litigar sin gastos.
Respecto al por qué le pidieron la vida y residencia, Vázquez aclaró que lo que su unidad busca “es contar con un dato oficial, cierto, donde conste el domicilio real del asistido, porque muchas veces cuesta localizarlos”.
Respecto a la segunda denuncia, Vázquez dijo que atendió personalmente a María Dominga Martínez, “quien no presentó documentación alguna y que tenía la intención de regresar con los antecedentes requeridos; y que no estaba segura sobre la jurisdicción en la que tramitaba su expediente”
COMPROMISO. El defensor general Javier Esquivel se reunió con la comisión de la mafia de los pagarés del Congreso, donde asumió el compromiso de “establecer un instructivo para destrabar las barreras burocráticas y mejorar la atención a las víctimas en todas las sedes de la Defensa Pública”.
Por su parte, la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (Addepy) sacó un comunicado en respaldo de la defensora pública.
