Editorial

Atacar informalidad de grandes para resultados ejemplificadores

La informalidad en Paraguay tiene múltiples aristas. La mayor parte de las veces se relaciona con las personas o actividades que tienen un peso reducido a la hora de cuantificar su impacto económico. Limpiavidrios, vendedores en la calle, mujeres que venden productos elaborados en casa, microemprendedores que no emiten facturas, paseros que coyunturalmente viven de esa actividad cuando el tipo de cambio de los países vecinos genera competitividad, entre otros, suelen estar en la discusión. Sin embargo, los grandes números de la informalidad según múltiples informes de organismos nacionales e internacionales están en actividades de gran porte que a su vez se vinculan a los grandes capitales. Cualquier acción en contra de la informalidad debe empezar por ahí.

Paraguay está siempre en diagnósticos, índices, medidas y cálculos que hacen referencia al peso de la informalidad en la economía, cualquiera sea la definición, el indicador o la metodología utilizada. La mayoría de estos estudios coinciden en que los grandes montos se vinculan a determinados sectores y a un relativamente reducido número de actores.

A pesar de ello, la mirada de las políticas públicas está puesta en los actores de menor cuantía en coherencia con el poder de influir que tienen los grandes responsables sobre los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.

Las normas aprobadas, las acciones que se realizan en la implementación de las mismas y el seguimiento al cumplimiento y penalización terminan afectando a las actividades y personas más vulnerables, dejando impunes a los realmente importantes. Así, el Poder Legislativo aprueba leyes con intereses sesgados, el Poder Ejecutivo no toma la iniciativa de enviar propuestas transformadoras ni de aplicar las que tiene de manera eficaz y el Poder Judicial actúa con parcialidad.

Al final, el esfuerzo formalizador se concentra en los pequeños agentes económicos, tanto en capital como en la dimensión de las acciones involucradas. El cruzamiento de los datos disponibles se realiza para detectar irregularidades entre ellos, el control territorial se focaliza en estos, con resultados sin relevancia, teniendo en cuenta la dimensión del problema. La sanción a los violadores de la norma se aplica también a los pequeños, salvo algunas excepciones, debido a la vergonzosa presión externa.

Abundan los ejemplos que dan cuenta de que la lucha contra la evasión tributaria, el lavado de dinero o el contrabando se concentra en los pequeños agentes económicos que no tienen el peso económico ni político para influir en desviar la mirada de los funcionarios públicos y para quienes el costo del soborno es demasiado alto frente a la rentabilidad potencial que ofrece la informalidad.

No es la informalidad de los pequeños informales la que nos pone en el escenario como uno de los países más débiles o corruptos, sino la de los grandes evasores, lavadores y contrabandistas, siempre en contubernio con políticos y ante la falta de valor e integridad de los funcionarios públicos.

La sociedad y los actores económicos actúan frente a los incentivos. Si ser informal no tiene costo, la probabilidad de su existencia es más alta que si se castigara. Por otro lado, al Estado le es más costo-efectivo si se dedica a controlar a pocos grandes que a muchos pequeños; es decir, no hay ningún argumento económico a favor de dar la lucha contra los pequeños dejando para más adelante a los grandes. La explicación a esta estrategia es política y económica, ya que así ganan los privilegiados de siempre, los grandes informales y los funcionarios y políticos corruptos. Urge tomar medidas porque el país se está viniendo abajo.

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