Vestido de traje y con su pelo blanco muy corto, Assange, presente en la sala 10 del tribunal penal londinense de Old Bailey, asintió para confirmar su identidad y que rehúsa ser extraditado a suelo estadounidense, donde afronta 18 cargos de espionaje y conspiración para la intrusión informática penados allí con hasta 175 años de cárcel.
En la primera vista de esta fase del juicio -pospuesto en febrero por la pandemia-, la jueza Vanessa Baraitser rechazó la petición de la defensa de “excluir” del proceso la “nueva conducta criminal” o actos delictivos adicionales atribuidos al australiano por la Justicia estadounidense en el auto de procesamiento emitido sorpresivamente en junio y formalizado en agosto.
Este auto, que sustenta la nueva petición de extradición, mantiene los 18 cargos imputados en abril de 2019, pero amplía sobre todo el de intrusión, que contempla ahora no solo los tratos con el ex soldado estadounidense Chelsea Manning en 2010, sino también con otras personas con las que Assange habría conspirado entre 2009 y 2015 para difundir secretos en su portal digital.
La defensa, encabezada hoy por Mark Summers, argumentó que, debido a la presentación tardía del auto, no tenía tiempo material de lidiar con las nuevas alegaciones y descartaba pedir un aplazamiento para no alargar el proceso para su cliente -que está en prisión preventiva- de ahí que pidiera su exclusión.
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Al negarse a dejar fuera las nuevas alegaciones, Baraitser dijo que si la defensa rechazaba la opción del aplazamiento, su única opción era rebatir cada uno de los delitos imputados con sus “conductas” respectivas durante el proceso.
Después de resolver este punto, se espera que la defensa llame esta tarde a declarar a su primer testigo, que tratará de demostrar que las imputaciones de EEUU contra Assange tienen “motivaciones políticas” y su extradición constituiría un “abuso de proceso”.
La fiscalía, representada hoy por Joel Smith, considera en cambio que es un caso de “pura criminalidad”.
EEUU aspira a procesar al informático de 49 años por 17 delitos al amparo de su ley de espionaje y uno por la ley de fraude y abuso informático sobre todo por la difusión en 2010 y 2011 (aunque ahora amplía el periodo de 2009 a 2015) de registros militares y otros documentos confidenciales.
Las revelaciones en WikiLeaks expusieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo y cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos en todo el mundo.
