La mujer denunció a su ex esposo tras una supuesta agresión que sufrieran ella y sus hijos en su vivienda, ubicada en el barrio Yata’i de San Juan Bautista, Departamento de Misiones.
Según la denuncia, alrededor de las 16.00 del viernes el hombre, que se desempeña como asistente fiscal, acompañado de su madre y de su hermana fueron hasta la casa de la mujer.
Aparentemente, el denunciado fue hasta ahí con la intención de llevarse a los hijos que tienen en común. La mujer contó que estuvo casada con él nueve años y que siempre fue agresivo.
La denunciante pudo grabar algunos minutos de la agresión. En un video se puede observar cómo uno de los niños pide a gritos a su padre y a su abuela que dejen de agredir a su mamá, que está embarazada, y les dice que no iría con ellos.
“Siempre se creía por su cargo, se burlaba de mí, me decía que estamos en el país de los amigos, ‘vos me denunciás y te voy a sacar a los niños’ y por eso aguantaba porque no quería que me quite a mis hijos”, relató la mujer.
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“En el 2016, en varias oportunidades le pedí el divorcio y no quería darme, y su amenaza era sacarme a mis hijos porque yo soy pobre y decía que no tengo cómo mantenerlos”, siguió contando.
La misma recordó que durante tres años vivió en medio de violencia, con agresiones verbales y físicas incluso frente a sus hijos.
Hasta que en el 2019 la situación se tornó insostenible y en el mes de febrero decidieron hacer terapia de pareja. “La propia sicóloga pidió que él dejé la casa”, dijo la mujer.
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También mencionó que es víctima de amenazas y que ya denunció al hombre, pero que los fiscales se inhibieron. Pese a que el denunciado es funcionario de la Fiscalía de San Juan Bautista, la causa fue trasladada al Ministerio Público de Encarnación.
La mujer teme por su vida y la de sus hijos. Este martes fue la audiencia del caso en el Juzgado de Paz de San Juan Bautista.
Los niños son los únicos que van a perder
El denunciado, Sotero Penayo, manifestó que con la denuncia que hace su ex pareja se va a perjudicar a los hijos menores que tienen en común.
“Tuvimos nuestra audiencia en el Juzgado de Paz y aún la jueza no resolvió nada, pero yo tampoco quiero perjudicarle; pero si veo que se publica algo también veré qué medidas tomar”, respondió Penayo.
También acotó que la única que puede salir perjudicada es ella. “Tanto mi mamá como mi hermana ya fueron asesoradas por sus respectivos abogados y tomarán medidas sobre la denuncia”, concluyó.
El nombre de los niños y padres en conflicto se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a menores en condición de víctimas o victimarios.
