El gremio recordó que ya en ocasiones anteriores había advertido sobre la inconstitucionalidad de dicho cobro adicional, respaldando su postura con un dictamen del Ministerio Público que confirma la “ilegalidad” de la ordenanza emitida por la Municipalidad de Mariscal Estigarribia. “La Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios y la Asesoría Tributaria han concluido que las ordenanzas y resoluciones que crean el impuesto referido, mediante un razonamiento falaz y engañoso viola el marco Constitucional y el Régimen Tributario Municipal, criterio confirmado por el Dictamen 480 del Ministerio Público, del 25 de abril de 2024, respecto a la Ordenanza 03/2020 de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, cuya inconstitucionalidad solicita”, señala el texto, añadiendo que este impuesto vulnera artículos de la Constitución Nacional y la Ley N° 5513/15, que crea el Nuevo Régimen Tributario de las Municipalidades, que expresa que “los inmuebles rurales no podrán estar afectados por ninguna otra forma de tributo o tasa municipal”.
Ante esto, además de exigir acciones estatales, insta a los municipios a respetar el marco legal y pide a los ganaderos que defiendan sus derechos.
“La ARP insta a los municipios a respetar el orden constitucional y legal de la República e invita a los productores a defender sus derechos ajustándose a cumplir lo que por ley corresponde. Solicitamos a los poderes del Estado que tomen nota de esta denuncia que estaría alterando el orden legal y constitucional, dañando el Estado de derecho”, finaliza el texto.
