24 abr. 2024

ARP condena posible invasión de propiedades administradas por Senabico

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió este miércoles un comunicado por el cual condenan la toma forzosa de propiedades privadas. La nucleación hace referencia a supuestas amenazas de invasión a las tierras de Lusipar, San Pedro, que están en manos de la Senabico.

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La organización de Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, utilizaba el territorio paraguayo para el tránsito de la cocaína e invertía sus bienes en nuestro país.

Foto: Gentileza.

En su comunicado, la ARP exige el cumplimiento de las leyes en el caso de una supuesta amenaza de invasión en Lusipar, administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), por la y que serían promovidas desde sectores sociales.

“La ARP considera necesario que los elementos de control, gestión y eventual administración de bienes del Estado o bienes privados, bajo su protección, deben tener el poder necesario para protegerlos”, señala el comunicado.

Asimismo, el gremio sostiene que si el “propio estado demuestra no poder cumplir con su rol, está todo perdido”.

La ARP recuerda que la Senabico tiene como misión precautelar y proteger los bienes que son sujeto de tutela, por lo que un inmueble que está bajo esta naturaleza no puede ser víctima de invasiones.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) señala que condenan el actuar de organizaciones delictivas, pero que los procesos judiciales tienen sus reglas y pasos, por lo que mientras esto no suceda, el Estado deberá precautelar de los mismos.

La nucleación hace referencia hacia una de las tres estancias confiscadas al supuesto narco Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, denominadas Edwiges, Suiza y Lusipar, situadas en los departamentos de Concepción y San Pedro, están valuadas juntas –sin tener en cuenta las maquinarias– en más de USD 68 millones. Las mismas están administradas por la Senabico.

Durante la última marcha campesina, uno de los pedidos de los sectores sociales fue el de modificar la ley de Senabico y que las tierras incautadas del crimen organizado sean destinadas a los fines de la reforma agraria (Indert-Indi), así también rematar los bienes valiosos incautados para utilizar los recursos en el plan de emergencia por la sequía.

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