La Administración de Cristina Fernández buscó de esta manera evitar que se engrose en el país, el número de despidos registrados por los coletazos de la crisis global.
Se trata del Programa de Recuperación Productiva, con el que el Gobierno invirtió de enero a agosto de este año 326.896.050 pesos (unos 86 millones de dólares al cambio actual) para subsidiar parte del salario de 114.898 trabajadores, según un informe difundido por el Ministerio de Trabajo.
“Con la crisis, el sector precario fue el más perjudicado por la pérdida de puestos de empleo, pero otros de los más afectados fueron los vinculados a la exportación y a la construcción”, explicó el ministro argentino de Trabajo, Carlos Tomada, en una reunión con corresponsales extranjeros.
Analistas locales calculan que la crisis global ha causado el cese o suspensión de unos 60.000 trabajadores argentinos, sobre todo de la industria automovilística, metalúrgica y la construcción.
El titular de la cartera dijo que el Ejecutivo llegó a subsidiar este año el salario de “casi 150.000 empleados, lo que representa alrededor del 1 por ciento del desempleo”, que se ubicó en el 8,8 por ciento en el segundo trimestre del año, con un alza de 0,8 puntos porcentuales en relación al mismo período de 2008, informó el Instituto de Estadísticas y Censos en agosto pasado (Indec).
El organismo oficial también indicó en septiembre último, que el estallido financiero ha causado en el país la pérdida de unos 226.517 puestos de trabajo en el sector privado durante el primer semestre del año.
“Hubo un decrecimiento en la creación de puestos de trabajo a partir de la crisis. Y es evidente que no crece el empleo como crecía en los primeros años del Gobierno” del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de la presidenta Cristina Fernández, reconoció Tomada.
El ministro admitió, además, que creció el empleo en negro (no registrado), que antes de la crisis se situaba en el 36 por ciento de la masa de trabajadores y “ahora está en el 38 por ciento”.
La mayoría de las compañías subsidiadas son pequeñas y medianas empresas, cuyos trabajadores obtienen del Gobierno 600 pesos mensuales (157,8 dólares), que equivalen al 50 por ciento del salario mínimo de Argentina.
Para acceder al beneficio, las firmas deben acreditar “la situación de crisis” que atraviesan, además de comprometerse a no despedir personal, indicaron en la cartera.
“En la crisis, la decisión fue que debíamos preservar los puestos de trabajo, mientras en otros países se caía el empleo y había ajuste tras ajuste”, argumentó Tomada. EFE
