EFE
En una rueda de prensa, el ministro de Agroindustria argentino, Ricardo Buyraile, explicó que el acuerdo, en cuyas negociaciones participaron las empresas semilleras y los representantes de los productores del campo, tiene validez mientras preparan una nueva ley de semillas que impulsarán de cara al año que viene.
Con esta medida, el Ejecutivo zanjó el conflicto con Monsanto, que el pasado febrero recibió una denuncia de la Federación Agraria Argentina -que reúne a pequeños y medianos agricultores- por cobrar un canon a la soja comercializada que contuviese tecnología patentada por la multinacional.
Según denunciaron, el gigante de la industria agrícola obligaba a los productores a pagar una tasa variable al descargar su cosecha de soja en puertos y centros de acopio si se comprobaba que los paquetes de grano comercializados contenían al menos un 10 % de su tecnología Intacta, con un gen resistente a herbicidas e insectos.
Los agricultores alegaron que ya pagaban por esa tecnología patentada por la multinacional al comprar la bolsa de semillas genéticamente modificadas, por lo que un canon extra suponía una posición dominante de Monsanto en el mercado y contradecía la ley de semillas vigente.
El conflicto escaló durante los últimos meses en unas tensas negociaciones que forzaron al presidente y CEO global de la multinacional, Brett Begemann, a volar hasta Argentina para reunirse con el ministro para cerrar sin éxito la disputa e incluso la empresa decidió no comercializar dicha tecnología al país austral.
“Desde nuestro punto de vista, el Estado es el único que puede fiscalizar y controlar este comercio”, subrayó el titular de Agroindustria en la rueda de prensa de hoy, en la que destacó que el Instituto Nacional de Semillas (Inase), liderado por Raimundo Lavignolle, será el encargado de efectuar esta fiscalización.
En el caso de que la institución, después de los correspondientes controles, certifique la ilegalidad de las semillas, se impondrán sanciones de acuerdo con la legislación vigente.
Según Burayle, las empresas que crean que pueden tener derechos de propiedad intelectual sobre las semillas “podrán reclamar como corresponda”, al tiempo que reiteró que estas medidas tienen vigencia únicamente para la campaña de comercialización de soja 2015-2016, mientras preparan la nueva ley.
“Este año tendremos una nueva ley de semillas acordada entre todos los actores”, ahondó el dirigente, quien precisó además que el nuevo texto legal conciliará que los productores puedan “beneficiarse de los resultados de la tecnología” y que la cadena semillera obtenga su reconocimiento por la inversión realizada.
Tras la rueda de prensa, Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación Semillera Argentina, que engloba a las principales empresas de producción de semillas del país, calificó las medidas anunciadas por Buyraile como “el mejor acuerdo negociado” y aseguró que permite a las empresas “transitar esta campaña.
Por su parte, Dardo Chiesa, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, consideró que el ministerio encontró una “manera inteligente de poner las cosas en su lugar” ya que los productores agrícolas no estaban de acuerdo en que una empresa privada controlara el comercio de semillas y de granos.
“El productor debe de pagar su semilla, la semilla debe provenir de un comercio legal y el que transgreda las normas debe de ser castigado”, aclaró.
Desde Monsanto celebraron las medidas tomadas por el ministerio y reconocieron que la decisión es “un paso en la dirección correcta”, al tiempo que valoraron que el Gobierno argentino haya reforzado su compromiso en reconocer la propiedad intelectual para cada uso de la tecnología.
En un comunicado, la multinacional afirmó que esos son los principios necesarios “para la demostración de un ambiente de negocios predecible”, aunque se mostraron expectantes ante cómo puede quedar el acuerdo después de que termine la campaña actual y se redacte la nueva ley de semillas.
