La Justicia de Argentina admitió este jueves un pedido de Estados Unidos para incautar el avión iraní, un Boeing 747 de la compañía venezolana Emtrasur, que está retenido desde junio en Buenos Aires y cuya tripulación está impedida de salir del país, según la prensa local.
El juez Federico Villena tomó la decisión a pedido de la fiscala Cecilia Incardona y luego de que una Corte del distrito de Columbia, en Estados Unidos, emitiera una orden de incautación del avión.
Esto por considerar que “se violaron las leyes de control de exportación” estadounidenses cuando el aparato fue vendido a Emtrasur, una filial de la estatal venezolana Coviasa.
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Villena actuó en función del tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con Estados Unidos, indicó la agencia oficial de noticias Telam.
El avión de carga pertenecía originalmente a la aerolínea iraní Mahan Air, sometida a sanciones de parte del Tesoro de Estados Unidos, al igual que Conviasa.
La aeronave, que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, fue inspeccionada este mismo jueves por agentes del FBI, según el diario La Nación.
Venezuela ha rechazado la retención del avión iraní en Argentina y esta semana hubo dos manifestaciones en Caracas para exigir que sea devuelto el aparato y se permita partir a la tripulación que tienen prohibición de salida de Argentina.
Uno de los tripulantes iraníes ha sido vinculado con la Fuerza Al Quds, grupo de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán, clasificada como organización terrorista por Estados Unidos.
El avión, un Boeing 747, que llegó a Argentina procedente de México el pasado 6 de junio, traía un cargamento de autopartes. Anteriormente había estado en Paraguay, desde donde llevó cigarrillos a la isla caribeña de Aruba.
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Sin haber podido abastecerse de gasolina en Buenos Aires, debido a las sanciones de Estados Unidos, el avión partió hacia Uruguay el 8 de junio, pero las autoridades uruguayas le negaron el ingreso y debió regresar al aeropuerto argentino de Ezeiza.
La Justicia de Argentina inició entonces una averiguación bajo secreto de sumario, teniendo en cuenta que considera sensible la presencia de viajeros iraníes, por las alertas rojas de captura que rigen para ex gobernantes de ese país por el atentado contra el centro judío AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y unos 300 heridos.
