Sin embargo, el ministro de la Corte, Víctor Ríos Ojeda, en entrevista que concedió, sostuvo que se perdió tiempo para la aplicación de las tobilleras, ya que la ley dice que había que hacer un protocolo que prácticamente dice lo mismo que señala la norma.
En la sesión de ayer, los ministros Luis María Benítez Riera, Víctor Ríos, Gustavo Santander, Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y César Diesel aprobaron la acordada por la cual aprueba el “Protocolo de aplicación de tobilleras electrónicas: Implementación primera fase, propuesto por la Oficina Técnica Penal”.
No obstante, la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial no dio a conocer el protocolo, debido a que la acordada, primeramente, debía tener la firma de los ministros del Máximo Tribunal, para que la resolución tenga validez.
CRÍTICA. Ante la falta de la copia de la acordada, se consultó con el ministro de la Corte, Víctor Ríos Ojeda, sobre la citada acordada.
“En el tema de las tobilleras, perdimos tiempo innecesariamente...”, aseguró Ríos. Apuntó que en el 2020 fue proyectista de una ley tomando como ejemplo el Uruguay, que establecía usar las tobilleras electrónicas en los casos de exclusión de hogar para proteger a las mujeres.
Agregó que después “se aprueba otra ley con la idea de universalizar, pero aquí si necesitamos un protocolo. Pero soy de la idea de que no hace falta ningún tipo de protocolo para que el Ejecutivo tome medidas para proteger la vida de las personas, pero en este caso la ley dice que hay que hacer un protocolo...”
“Se tiene el protocolo. Se aprobó, pero la ministra Carolina Llanes explicó que en las mesas de diálogo finalmente se aprobó que, en principio, las tobilleras electrónicas sean aplicadas para casos de exclusión de hogar”, apuntó el ministro Ríos.
“Entonces pensé, mucho ‘gre gre’ para terminar diciendo Gregorio. Entonces, se hubiera aplicado la ley del 2020, no se hubiera perdido tiempo valioso”, afirmó.
Explicó que respecto a cuántas personas se les iba a aplicar la tobillera, dependía ya de la cantidad de aparatos de los que disponga el Ejecutivo.
Remarcó que el protocolo decía “obviedades”, “típicas de las burocracia estatal”. “Dice lo obvio, que se aplique preferentemente a los casos de exclusión de hogar, de violencia contra la mujer y en todos los casos no tan graves”, acotó. También que se debe tener en cuenta el delito y la protección a la víctima.
