La ley, promulgada por el Poder Ejecutivo, tiene el objetivo de establecer los mecanismos para la adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de radares, un centro de vigilancia integrada de información y un sistema de comunicación con capacidad y alcance para cubrir y resguardar todo el espacio aéreo nacional.
La finalidad de la ley es la de establecer la efectiva vigilancia y protección de todo el espacio aéreo nacional en el ejercicio de la defensa territorial, a fin de evitar el tránsito de aeronaves de forma irregular que podrían estar involucradas en el tráfico ilícito de drogas y todo lo relacionado con el crimen organizado y delitos conexos.
Asimismo, aseguraron que esta nueva disposición no afectará a los trabajos que realice la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La Fuerza Aérea Paraguaya será la encargada de coordinar y aplicar el sistema de vigilancia, en conjunto con la Dinac.
El Ministerio de Economía incluirá dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Paraguaya todos los recursos financieros requeridos para la compra y mantenimiento de los radares.
“Al efecto, será previsto el financiamiento del Tesoro Público u otra fuente de origen institucional o proveniente del crédito público. Los presupuestos asignados para los fines establecidos precedentemente, deberán permitir lograr la cobertura y resguardo de todo el territorio nacional, en un plazo no mayor a dos años”, reza el documento.
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La información que reciban dichos aparatos será manejada en forma integrada por el Centro de Comando y Vigilancia de la Fuerza Aérea Paraguaya, por lo que también será adquirido un programa integrador de los radares y un sistema de comunicación con alcance a todo el territorio nacional.
Asimismo, dichos radares deberán ser como mínimo primarios, 3D, fijos o móviles y de mediano y largo plazo. Estos artefactos deberán tener suficiente alcance para cubrir todo el territorio nacional a una altura mínima de 2000 pies.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado mes de mayo, pero recién fue autorizado y firmado por el Poder Ejecutivo en setiembre de este año.
