De acuerdo con los datos que el Gobierno Nacional puso a disposición en estos días, el plan busca recuperar a una economía que cayó en picada bruscamente desde el inicio del distanciamiento social para prevenir la propagación del coronavirus. Según la última proyección publicada por el Banco Central del Paraguay (BCP), la pandemia del Covid-19 y su impacto en la actividad económica llevarán al producto interno bruto (PIB) a una contracción del 2,5% en este 2020.
El plan que busca contrarrestar esta retracción contempla una inyección de entre USD 2.000 y USD 2.500 millones a la economía local desde el segundo semestre del año. Tiene tres pilares: inversión pública y empleos, financiamiento para la inversión privada y las viviendas, y finalmente inclusión social.
Este planteamiento keynesiano del Ejecutivo tiene como principio central la intervención del Estado para estabilizar la economía, principalmente, mediante el incremento agresivo del gasto público para generar empleo y acrecentar la producción. El impulso fiscal es muy importante para la recuperación y es algo en lo que coinciden los analistas y ex autoridades.
El año pasado también fue un año difícil para la economía paraguaya. La recesión que soportó la economía en el primer semestre hizo que se registraran caídas en la actividad de la agricultura (-6,2%) y la generación de energía eléctrica (-8%). Asimismo, el comercio, la ganadería y la industria también se retrajeron, mientras que la construcción se considera que cerró al borde del estancamiento, con un crecimiento de apenas el 0,5%.
El Equipo Económico impulsó, en ese entonces, un plan de reactivación por USD 1.543,5 millones enfocado en la aceleración de las obras, el apoyo a la producción y el comercio, y la protección social. Si bien las medidas contempladas impidieron que el escenario sea mucho peor al cierre del ejercicio, la gestión pública institucional volvió a jugar en contra de las pretensiones de la administración pública, con unos niveles de ejecución que apenas pasaron el 80%.
Gran parte de las empresas y cuentapropistas que forman parte del mercado interno están en coma, por lo que es sumamente importante que el Gobierno aprenda de la experiencia ganada el año pasado y elimine todas las barreras que puedan impedir una recuperación efectiva. La burocracia en las licitaciones, la demora en los pagos a proveedores y en los desembolsos de los programas asistenciales, así como los obstáculos que impone la banca pública para otorgar créditos y las complejidades en la implementación de los planes de viviendas sociales deben ser eliminados para garantizar una luz al final del túnel.
EL PASIVO. Un tema trasversal al plan económico del Gobierno es el endeudamiento.
Si bien desde el Ministerio de Hacienda adelantaron que no se tomará nueva deuda para financiar la reactivación, el nulo ahorro fiscal, la continuidad del gigantesco aparato estatal y el rechazo a una suba temporal de impuestos para los sectores más ricos están empujando al Gobierno a analizar esta alternativa para evitar el fracaso.
Más allá de los cuestionamientos que existan sobre el nivel actual de la deuda –cercado al 28% del PIB tras la Ley de Emergencia– la prioridad actual es sacar a flote a la economía y lograr su estabilización lo antes posible, porque de ello dependen miles y miles de familias. Sin embargo, es imprescindible que las autoridades entiendan que la excepción no puede volverse una regla, porque solamente un esquema eficiente de administración podrá garantizar capacidad de pago en el futuro.
