El proyecto de ley incorpora el fondo denominado gastos sociales y ambientales de la Itaipú Binacional al Presupuesto General de la Nación (PGN) y le asigna una partida presupuestaria para su seguimiento y control.
La propuesta de la legisladora era que el 70% vaya a infraestructura eléctrica; el 10% a restauración socioambiental de las cuencas hidrográficas, y el 20% para el bienestar de adultos mayores, discapacidad, educación y salud.
Una de las primeras en votar en contra de este proyecto fue la diputada Rocío Abed, esposa del actual titular de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías, quien viene siendo objeto de críticas por las polémicas licitaciones que la binacional lleva a cabo. De esta manera, los cartistas y sus aliados volvieron a frenar y evitar que se ejerza algún control sobre los gastos sociales.
“Los gastos sociales de entidades binacionales deben ser sometidos a control y fiscalización de las autoridades competentes de la República del Paraguay. Para dicho efecto las binacionales y los organismos y entidades del Estado deben prestar toda la colaboración que sea”, indicó el diputado disidente Mauricio Espínola.
Un proyecto similar figura en el orden del día de la sesión del Senado, hoy, y podría tener igual desenlace, atendiendo a la mayoría de Honor Colorado y sus aliados.
“Peña debe apartarse de compras”
El diputado Mauricio Espínola instó durante el capítulo de oradores a que el presidente de la República, Santiago Peña, se aparte y sea él quien descalifique cualquier proceso de contrato con el Estado por estar ligado a varias empresas.
“El presidente debería ordenar que las empresas ligadas a él sean descalificadas de las licitaciones con el Estado para tratar de limpiar su imagen y decir que nunca presionó a favor de esas empresas. Jalil Rachid, el ministro tan especializado en tecnología, afirma que solicita equipos de punta para la Senad y que “no son para espionaje”, dijo. Espínola afirmó que lo que comprará la institución es un aparato “exclusivamente para espionaje masivo sin control de las autoridades judiciales”.
