La propuesta fue presentada por el edil Javier Pintos, quien manifiesta en una minuta que la ciudad de Asunción, en las últimas dos décadas, atravesó por un proceso “sostenido de densificación urbana y crecimiento en altura”. Se registran actualmente entre 500 y 600 edificios de altura ya construidos.
“Durante el año 2024, se aprobaron más de 280 proyectos de construcción, muchos de ellos correspondientes a edificaciones en altura, lo que confirma la continuidad y aceleración de este proceso”, dice la minuta del concejal, que está basada en reportes elaborados por la Dirección de Obras Particulares entre 2024 y 2025.
Según el documento, alrededor del 50% y el 60% de los edificios referidos se localizan en barrios como Villa Morra, Recoleta, Ykua Satî, Los Laureles, Carmelitas, Santísima Trinidad y barrio Jara, así como en la avenida Molas López.
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“Esta concentración intensifica la presión sobre el arbolado urbano, la disponibilidad de suelo permeable y la existencia de espacios públicos, alterando la identidad barrial y el equilibrio ambiental de estas zonas”, refiere la minuta.
El diagnóstico presentado en el proyecto de ordenanza indica que esta realidad se reflejó en “un incremento significativo en la recaudación municipal proveniente de los tributos asociados a la actividad edilicia”.
Según datos oficiales citados por el documento, la recaudación de la Municipalidad de Asunción, por aprobación de planos e impuestos vinculados a la construcción, alcanzó G. 43.872 millones en 2022, G. 75.000 millones en 2023 y G. 84.000 millones al cierre de 2024.
El proyecto apunta a que se utilice parte de estos ingresos para la adquisición de terrenos privados para uso público.
Resalta que si existiese un fondo municipal para este objetivo, se podrían garantizar más y mejores plazas y espacios públicos y mitigar el impacto ambiental provocado por el avance de las construcciones de edificios.
El artículo 5 del proyecto establece que el dinero deberá depositarse en una cuenta bancaria especial, de uso exclusivo, que no se podrá destinar a fines que se alejen del objeto de la normativa.
Deberá ser administrado por el Ejecutivo a través de la Dirección de Hacienda, en coordinación con la Dirección de Planificación Urbana.
Además se establece la promoción de mecanismos para que los vecinos participen en la identificación de los espacios públicos que se comprarán, y que el ejecutivo remita semestralmente un informe sobre la recaudación y el saldo de la cuenta bancaria, incluyendo la identificación de los terrenos adquiridos.
Recientemente, vecinos de Trinidad denunciaron una nueva operación irregular de tala de árboles en un terreno ubicado en Madame Lynch.
En la zona, según informó el representante Jorge Paredes, se registraron más talas debido al avance del negocio inmobiliario y al hecho de que la Junta Municipal aprueba documentos irregulares para favorecer a los desarrolladores inmobiliarios.
Esta situación, como resaltan los vecinos, puede repercutir gravemente en la salud de los ciudadanos y provocar que Asunción se vuelva una ciudad cada vez menos habitable.
