El pasado 22 de mayo, Ramírez declaró en su oficina ante la fiscala Acuña y admitió que recordaba haber hablado con ella el 29 de noviembre, cuando la agente fue hasta la Cámara de Diputados para recabar documentos en la investigación, pero llamativamente no se acuerda de “los detalles de la conversación”.
Justamente los detalles de esa comunicación telefónica son clave para la Justicia, ya que los abogados de Ibáñez plantearon la nulidad de la imputación alegando que la fiscala no tenía una orden judicial cuando fue al recinto parlamentario y, supuestamente, tampoco hubo permiso expreso del titular de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, Acuña sostiene que el día en que fue a la Cámara de Diputados para incautarse de copias de planillas de asistencia, ella habló por teléfono con Ancho y él le dio permiso para realizar las diligencias necesarias.
“Realizamos la diligencia con el conocimiento de la máxima autoridad de la Cámara (en ese entonces Ramírez) y las copias que retiramos fue una entrega del jefe de Recursos Humanos”, expresó en su momento Acuña.
NO HAY TRIBUNAL. Hasta ahora tampoco se conformó el Tribunal de Apelaciones que debe estudiar el pedido de nulidad de Ibáñez.
Esto, debido a que los abogados del diputado colorado aún no remitieron a la Cámara de Apelaciones las copias del expediente de la causa, indicaron fuentes judiciales.
La imputación señala que Ibáñez tenía a sus caseros con sueldos pagados por la Cámara Baja. También están procesados su esposa, Lorena Plabst; su jefa de gabinete, María Liz Gutiérrez, y los supuestos caseros, Fabio Gómez Chamorro y los hermanos Éver y Viviana Patricia Falcón Valenzuela.