El economista del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) Rodrigo Ibarrola analizó el proyecto de reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público o Caja Fiscal presentado por el Poder Ejecutivo.
Si bien reconoció que la iniciativa apunta a corregir los desequilibrios, cuestionó con dureza la falta de transparencia del Ejecutivo, al no poner a disposición de la ciudadanía los estudios actuariales que sustentan las modificaciones propuestas.
Resaltó que el proyecto oficial busca frenar el deterioro mediante el reajuste de parámetros claves, pero enfatizó que actualmente es imposible medir el impacto real de la reforma debido a la falta de transparencia por parte del Gobierno.
en secreto. “No podemos saber el impacto porque el Gobierno mantiene en secreto el estudio actuarial, no solo de la Caja Fiscal, sino también el del IPS. Por un lado, se propone una reforma y que se abra la discusión; por el otro, no se ofrece a la opinión pública el estudio que sustenta las modificaciones presentadas, que justamente nos proporcionarían la información sobre los impactos que tendría la propuesta”, cuestionó.
A su criterio, esta omisión debilita la discusión pública, ya que los datos técnicos son fundamentales para evaluar las consecuencias fiscales de corto, mediano y largo plazo, e, incluso, apuntó a una falta de voluntad política para un debate técnico abierto.
sin debate. “Da la impresión de que en realidad no quieren que la propuesta se debata técnicamente. Dejan la tarea para vacaciones, pero no dan los útiles”, expresó, al tiempo de remarcar que ni siquiera se fue facilitado el acceso a la base de datos de JUPE del Ministerio de Economía y Finanzas para que analistas independientes realicen simulaciones propias.
En cuanto a la propuesta de reforma, desde una mirada estrictamente fiscal, aclaró que el déficit de la Caja Fiscal no constituye, por sí mismo, el principal problema, sino que el desafío radica en la velocidad con la que crece ese desequilibrio, en un contexto de cambios demográficos, mayor esperanza de vida y transformaciones en el mercado laboral.
Para investigador, reforma oculta deterioro del sistema previsional
Adilio Lezcano, investigador de la Universidad de Pilar, expone el análisis respecto del anuncio de la reforma de la Caja Fiscal realizado por el Poder Ejecutivo el 30 de diciembre de 2025.
“Fue una decisión política cuidadosamente situada en el calendario, donde gran parte de la sociedad está desconectada, agotada o sin capacidad real de reacción”, expresó.
La reforma se presenta bajo el argumento de la “sostenibilidad”, pero esconde deliberadamente el contexto estructural que explica el deterioro del sistema previsional: Un modelo económico con alta informalidad laboral, baja presión tributaria y una creciente prioridad al pago de la deuda pública, según refirió.
“Hoy, el servicio de la deuda pública consume alrededor del 4 % del PIB, superando incluso al gasto en salud, que ronda el 3%. Para el Presupuesto General de la Nación 2026, el pago de la deuda aumenta más del 10%, consolidando una tendencia en la que el capital financiero tiene prioridad absoluta sobre la inversión social”, resaltó.
“Al mismo tiempo, cerca del 70% del gasto público se concentra en salarios, deuda y jubilaciones. Este dato suele usarse para justificar recortes, pero rara vez, para no decir nunca se dice que, el problema no está en que el Estado gaste en jubilaciones, sino que se paga primero la deuda y se ajusta después sobre los derechos de los trabajadores”, sostuvo.
Según dijo, hay una contradicción evidente, si se considera que el propio Estado mantiene una deuda de USD 641 millones con el IPS, de los cuales USD 113 millones corresponden al actual gobierno. Es exigir sacrificios a los trabajadores mientras el Estado incumple sus obligaciones previsionales, según dijo.
