Igual medida rige para otros tres imputados en el sonado caso. El Juzgado atendió el pedido de audiencia de imposición de medidas solicitado por el Ministerio Público para Acosta Armoa, Darío Aquiles Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta. Con ello, se salvan de ir a la cárcel.
El juez Rafael Domínguez dijo que entre las medidas que estableció dispuso la comparecencia mensual ante el juzgado, la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio. Asimismo, señaló que se estableció una fianza real para cada uno de los procesados de G. 300 millones, que sería en total G. 1.200 millones.
El magistrado explicó que los imputados ofrecieron terrenos para la fianza. Uno pertenece a Juan Ramón Acosta, el papá de Anadelia, y los otros son de Ovidio Ramón Oviedo, la pareja de la mujer, y Darío Aquiles Flores, su abogado.
Igualmente, se estableció la prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas por cualquier medio.
Consultado sobre si el valor de la fianza está relacionado con el valor de los terrenos que presentaron, el juez mencionó que algunos superan el monto de la fianza.
“Los terrenos pasan esos valores. Hay un terreno rural evaluado en G. 800 millones y otros terrenos locales; G. 300 millones por cada procesado, eso se va a tener que trabar embargo, hasta que dure el proceso”, explicó el magistrado a los medios.
EN LA MIRA. La Fiscalía sindicó como principales sospechosos del millonario despojo a Acosta Armoa y al abogado Darío Aquiles Flores.
También a Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta, pareja y padre de la ex funcionaria, respectivamente.
Todas estas personas fueron imputadas por apropiación, estafa y lesión de confianza.
Se suman a la imputación funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) de la sede de Repatriación. Se trata de una cajera de nombre Mirian Colmán de Arce y el jefe del local, Armando Javier González. Ambos por los hechos punibles de apropiación y estafa en grado de complicidad.
Asimismo, se produjeron dos imputaciones más, pero las identidades no fueron especificadas.
La funcionaria desvinculada y su pareja devolvieron G. 600 millones en efectivo a las dos familias víctimas, pero deberán devolver el total. Cada familia afectada recibió la suma de G. 300 millones. Sin embargo, Anadelia debe devolver el dinero restante, unos G. 125 millones. Tiene un plazo de cuatro meses para hacerlo.
