Hoy en día, una simple llamada telefónica puede causar que un edificio se evacue, que fuerzas policiales se movilicen y hasta que un comercio registre enormes perjuicios económicos. Todo esto a través de una amenaza de bomba, un delito difícil de investigar y con un potencial muy dañino, según los expertos de la Policía y el Ministerio Público.
Los agentes explosivistas de la Fuerza Operativa de la Policía Especializada (FOPE) tuvieron mucho trabajo en los últimos días: inspeccionaron siete edificios por ocho falsas alarmas de bomba, en nueve días. De estos casos, solo una persona fue detenida: un menor que llamó al 911 de la Policía para decir que había un explosivo en Telefuturo. En nueve días este canal fue verificado dos veces por tal motivo.
Desde febrero a esta parte, solamente el 911 ya recibió 14 llamadas en las que se alertó sobre la colocación de artefactos en determinados lugares. Ninguna de estas alertas resultó cierta. Según los policías que intervienen cuando se informa sobre bombas, en los últimos días aumentaron las llamadas. Varios de los agentes atribuyen esto al inestable ambiente político.
“Casi todos los canales de televisión ya fueron víctimas de denuncias falsas sobre colocaciones de explosivos, seguramente debido a la situación reinante en el país”, comentó Miguel Ángel Urunaga, jefe del Sistema 911.
LOS RESPONSABLES. La fiscala Carla Rojas tiene a su cargo investigar las falsas amenazas que se registraron en el Colegio Bautista del barrio Villa Morra y en la Municipalidad de Asunción, la semana pasada. La agente es consciente de que se trata de dos casos complicados de esclarecer.
“Hay que verificar cada caso y realizar las diligencias, como pedir informes para determinar de dónde se hicieron las llamadas. Generalmente es difícil identificar a los responsables porque utilizan, por ejemplo, cabinas telefónicas”, dijo Rojas.
La fiscala agregó que la amenaza de bomba puede encuadrarse en la figura penal de simulación de hecho punible, que contempla una pena de hasta 3 años de prisión.
De acuerdo con los registros policiales, son varios los casos en los que los investigadores no pudieron detener a los responsables de las llamadas, principalmente porque no lograron identificarlos.
En ese sentido, Urunaga indicó que todas las falsas alertas que registró el 911 este año fueron de personas que no se identificaron a la operadora. “La mayoría de ellas son voces masculinas y algunas con voces distorsionadas”, contó.
PERJUICIOS. En un año, el Shopping Multiplaza recibió dos amenazas de bomba. En ambos casos el centro comercial tuvo que ser evacuado de clientes durante varias horas y hasta ahora la Policía no detuvo a nadie por las falsas alarmas.
Analía Alcaraz, gerente de Operaciones del shopping, afirmó que cada una de las amenazas causó importantes daños económicos a los dueños de las góndolas y locales.
“Nos afecta de forma muy negativa. Son ventas que no se cierran y clientes que se van y no van a volver. En un día normal, recibimos a 8.000 personas y tenemos entre 200 a 230 locales”, informó Alcaraz.
Una de las instituciones que más amenazas recibe es el Palacio de Justicia, de Asunción. Cada vez que ocurre, los 4.000 funcionarios y los 8.000 abogados que diariamente acuden a los tribunales deben vaciar el edificio durante horas. Por tal motivo, el Palacio cuenta con su propio experto explosivista.
SOLO UNA VEZ EXPLOTÓ
Solo una de las amenazas que recibió la Policía en los últimos años se cumplió. Fue cuando una bomba fue depositada en el baño del Palacio de Justicia, de Asunción, en abril del 2009. Un policía logró llevar el artefacto hasta el patio del Palacio, donde la bomba explotó, sin herir a nadie.
