La fiscala ya había recibido otras amenazas, e incluso, sufrió un atentado.
El adolescente, quien está procesado por tres hechos, entre ellos, homicidio doloso, forma parte del clan Rotela, grupo criminal que tiene un largo historial delictivo en su haber.
El hecho –no es para menos– fue repudiado por varios gremios, ante el aumento de las agresiones contra fiscales durante audiencias y juicios, dentro mismo de las dependencias del Poder Judicial o en las cercanías.
“Los reclamos por las actuaciones, requerimientos, resoluciones deben realizarse a través de los recursos y no a través de actos de violencia, sean verbales o físicos, ya que esto… pone en riesgo la seguridad jurídica y la integridad de los operadores de justicia intervinientes en un proceso”, citó la Asociación de Fiscales.
REITERADOS. La fiscala Laura Finestra ya anteriormente había recibido amenazas e, incluso, le rompieron el auto una vez, según fuentes, y se cree que fue por las causas que lleva adelante.
El caso –que no debe tomarse a la ligera– se suma a los últimos atentados y amenazas a magistrados y agentes, donde lastimosamente ya hubo una víctima que lamentar.
Uno de los hechos emblemáticos en ese sentido es el crimen del fiscal Marcelo Pecci, perpetrado en Colombia, cuando se encontraba en plena luna de miel. El hecho ocurrió el 10 de mayo del 2022. La causa se sigue investigando como un claro ataque de miembros del crimen organizado.
También en ese año, pero el 15 de diciembre, las fiscalas Luz Guerrero y Natalia Silva fueron amenazadas por el abogado Ardonio Sánchez, procesado en una causa por lavado de dinero. El hombre es hermano del fallecido Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ.
Él se había acercado al finalizar una audiencia a Guerrero y en su cara le dijo: “Estás actuando mal, doctora arbitraria”. La abogada del hombre –Livia Jiménez– continuó diciendo que “todo tiene su consecuencia”.
Al siguiente año, en junio del 2023, también la camarista María Teresa González recibió en su despacho dos cartas con amenazas de muerte. Los escritos mencionaban casos anteriores, pero ella aclaró que no trabajaba con temas del crimen organizado, por lo que más llamó la atención.
En setiembre de ese año, hombres desconocidos atentaron contra la casa de las hermanas Mirna Carolina Ocampos, jueza de sentencia, y Vivian Carina Quiñónez, jueza de Garantías de Capitán Bado. La primera había dictado la orden de captura de Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão. En horas de la madrugada, los sospechosos habían realizado más de 50 disparos a la vivienda, en un evidente “aviso”, según los propios investigadores.
