Según indicó la organización ambientalista en un comunicado, casi dos meses después de que El Salvador se impuso en una disputa con la minera, ahora propiedad de la australiana Oceana Gold, esta “no ha asumido su responsabilidad con el Estado salvadoreño” y por consiguiente no ha acatado la resolución emitida por la Ciadi, órgano dependiente del Banco Mundial.
La Mesa frente a la Minería también pidió al fiscal general, Douglas Meléndez, que “cumpla con su mandato legal, en cuanto a velar por los intereses del Estado e inicie un proceso para la recuperación de los 8 millones de dólares, dinero que le hace falta al país para atender los derechos de la población afectada”.
La fuente enfatizó en la necesidad de cerrar toda posibilidad de explotación minera en el país y exigió al Congreso la inmediata aprobación de la Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica, presentada por dicha mesa en octubre de 2013 y que hasta el momento no ha sido discutida por los diputados.
El Ciadi falló, el pasado 14 de octubre, a favor de El Salvador y determinó que la empresa minera tenía que indemnizar al país centroamericano con 8 millones de dólares para cubrir los costos procesales de un litigio de siete años y medio.
Este caso se remonta a 2009, cuando la minera canadiense Pacific Rim, adquirida en 2013 por Oceana Gold, interpuso una demanda contra El Salvador ante la Ciadi porque el país centroamericano le negó unos permisos para explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas.
La empresa Pacific Rim comenzó en 2002 a operar en El Salvador con unos permisos oficiales de exploración, pero llegado el momento, el Gobierno salvadoreño le denegó los permisos de explotación.
Ese rechazo a Pacific Rim se produjo en un contexto en el que el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) anunció su negativa a conceder permisos a compañías mineras y suspendió los otorgados, alegando que la explotación minera podía contaminar los escasos recursos acuíferos de que dispone la nación.
