Desde la Vicepresidencia informaron que la prioridad de las acciones está enfocada en atender al sector vulnerable.
No obstante, el gobierno tiene pendiente resolver la problemática del almuerzo escolar, que no llega a la mayoría de los niños en zonas de pobreza.
Recientemente, el gobierno dio un tirón de orejas a gobernadores e intendentes que tienen la obligación de organizar las licitaciones y distribución del alimento.
La provisión del almuerzo se lleva a cabo con gran deficiencia en estos primeros días del año lectivo. El motivo más importante fue la falta de claridad en el manejo, tanto de licitaciones como de distribución, ya que luego del anuncio de la eliminación del Fonacide y del cambio en la administración, las autoridades pararon los procesos, sin embargo, estas reformas todavía no están vigentes.
El Gobierno debió llamar la atención a intendentes y gobernadores la semana pasada para que se encarguen de cumplir con el servicio, aclarando que la nueva ley del Fonae o “hambre cero” no fue aún sancionada por el Congreso.
La desprolijidad obligó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a emitir un comunicado para recordar a gobernaciones y municipalidades que se encarguen de su función.
“Es imperativo que las gobernaciones y municipalidades, respectivamente, hagan cuenta de su responsabilidad de gestionar la provisión de alimentación escolar”, expresa el comunicado publicado en los primeros días de marzo.
La institución mencionó que deben llevarse a cabo las licitaciones con el presupuesto disponible para proveer respuestas efectivas. También alienta a cumplir las obligaciones con una gestión transparente y con celeridad.
Varios procesos licitatorios pararon luego del anuncio del proyecto que crea el Fonae y elimina el Fonacide, que dejaba la distribución del almuerzo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y de los gobernadores. Se dejaba fuera de la ecuación a los intendentes, aunque sin modificar su presupuesto, sino ampliando los montos para infraestructura.
La interrupción de las licitaciones se dio, pese a que el Gobierno aclaró que las reformas serían para el 2025.
