Estas claques tienen conductas colusivas, lo cual significa que acuerdan entre empresas para no competir, coordinando precios, especificaciones técnicas e incluso participar o no de las licitaciones con el objetivo de limitar la oferta y garantizar el resultado favorable para una de ellas.
Los grupos empresariales, además, tienen a sus gerentes en algún momento como autoridades en cualquiera de los tres poderes del Estado o como funcionarios, dando lugar al fenómeno denominado puertas giratorias. En los casos más extremos, estos grupos llegan a pagar coimas o financian campañas proselitistas antes o después de los beneficios que reciben a costa del erario.
Algunas de estas empresas son reales, pero su mayor negocio es con las compras públicas.
Otras son “de maletín”, es decir, un funcionario o su socio crea la empresa para venderle exclusivamente al Estado desde asfalto o bocaditos hasta servicios de organización de eventos.
Un grupo de claques está vinculado de manera directa como parentela de los políticos. El escándalo de la última semana ha sido los nepobabies, pero de esos existen no solo hijos, sino padres, madres, hermanos, cuñados o cualquier otro lazo de parentesco de sangre o político.
Familias enteras cobrando salarios públicos sin contar con las competencias mínimas para el ejercicio del cargo. A estos se agregan los seccionaleros en cargos públicos.
Todos estos casos son posibles debido al mal funcionamiento de los tres poderes del Estado. El Poder Legislativo aprueba leyes de mala calidad, no evalúa la calidad de las mismas y mucho menos realiza los cambios para mejorarlas después de que se evidencian sus fallas.
El Poder Judicial permite la impunidad al no penalizar las violaciones a las leyes. La sensación de inexistencia de riesgo y costos de la corrupción deja al que cumple las normas como perdedor, mientras que el violador serial de las leyes no solo gana, sino que en ese ámbito pasa a estar en el grupo de los emprendedores exitosos.
El Poder Ejecutivo, por su parte, hace que no ve las malas prácticas de los otros poderes y no implementa los mecanismos de control ni de prevención de riesgos disponibles, lo cual es sumamente grave si se consideran los montos involucrados y la cantidad de operaciones corruptas en el proceso de contratación de recursos humanos o de bienes y servicios.
Los tres poderes del Estado deben ser capaces de reunirse y comprometerse de manera individual y en el trabajo colectivo a romper con esta forma de robar los recursos públicos para beneficio de una minoría, pero perjudicando a la mayoría de la población que termina recibiendo servicios de pésima calidad y pagando con gran esfuerzo sus impuestos.
Esto no es solo un problema económico, sino también político. Deslegitimar el rol del Estado conlleva la pérdida de confianza en el gobierno, el descreimiento de la democracia y de los principios que involucran, termina rigiendo “ley de la selva” en la que cada uno trata de sobrevivir como puede ya que el Estado no provee ni los servicios básicos necesarios. En definitiva, se pierde la idea y el sentimiento de Nación, necesario para dialogar y construir un país desarrollado y democrático.
Las autoridades deben tomar conciencia de los riesgos de no hacer nada. Estos grupos, si bien pueden estar tranquilos en este momento por la inacción y desesperanza ciudadana, no deberían creer que esta situación pueda persistir indefinidamente. Las autoridades tienen la responsabilidad sobre estos hechos, sean políticos o funcionarios de carrera. Deben asumir su compromiso y realizar los cambios necesarios.