EFE
En el caso de Paysandú, el número llega al 87,3%, mientras en Río Negro, casi la mitad de los ginecólogos se declaran objetores, un 42,9%.
Por razones de conciencia, esos profesionales de la salud optan por no participar del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, un instrumento que está previsto por la ley y por el código de ética de la medicina.
En el caso de la segunda ciudad más importante de Río Negro, Young, ninguno de los ginecólogos existentes aceptan el aborto.
Para la coordinadora de MYSU, Lilián Abracinskas, el dato es alarmante porque “el método abortivo recomendado es a través de fármacos, y lo que hace el médico es negarse a prescribir un medicamento”.
“Eso quiere decir que muy probablemente el porcentaje sea peor si hay la necesidad de practicar un aborto con legrado o después del primer trimestre del embarazo, como permite la ley en casos de violación o riesgo de muerte para la madre”, explicó a Efe.
A su juicio, “el derecho del médico a la objeción no puede impedir el derecho de la mujer a abortar”.
Las mujeres que solicitan interrumpir el embarazo en la localidad de Young son trasladadas a la capital del departamento, Fray Bentos, en donde los cuatro ginecólogos disponibles asisten al aborto, pero están sobrecargados, según el informe.
“Cuando Fray Bentos no tiene capacidad de sus recursos humanos para atender la demanda, se las traslada a Montevideo”, dice el estudio, que también resalta la dificultad de verificar las condiciones del “control post aborto” de esas mujeres.
El tercer departamento estudiado por la ONG, Soriano, se negó a brindar los datos, por lo que la organización recurrió a la ley de acceso a información y todavía aguarda respuesta.
“No nos habilitaron información sobre el número de abortos realizados, la cantidad de médicos objetores, números de mamografías o pruebas de papanicolau realizadas, ni tampoco el número de cesáreas”, contó Abracinskas.
Otra etapa del estudio consistió en entrevistar a mujeres entre 15 y 49 años y reveló “que sigue siendo muy fuerte el componente de estigma y discriminación hacia las personas que deciden interrumpir su embarazo”, según MYSU.
“Son mal vistas por la sociedad”, subrayó la coordinadora de la ONG.
En ese sentido, Abracinskas consideró que el estigma también afecta a muchos ginecólogos que temen ser vistos como “aborteros”.
“Ese prejuicio y sanción social contribuyen para que las mujeres no recurran a la ley y acudan a la clandestinidad, o sea, a una práctica clandestina que no logramos erradicar”, completó.
El estudio sugiere “la revisión y el control de las razones para recurrir a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la ginecología así como la necesidad de mejorar la organización de los servicios y la distribución de los recursos humanos”.
Abracinskas recordó además que muchas mujeres no saben cómo solicitar el aborto, por lo que “falta mejorar la difusión de la ley”.
Cuestionado sobre los reclamos de las organizaciones sociales, el ministro de Salud, Jorge Basso, dijo ayer a la prensa que se están “trabajando todos los temas”.
“No hay ningún tema que de alguna forma esté fuera de las políticas de continuidad en esta área del Ministerio”, remarcó.
La ley que reglamentó la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en el país a finales de 2012.
En América Latina, la posibilidad de que la mujer aborte amparada por el sistema de salud solo existe en la capital mexicana, en Cuba, Guyana y Puerto Rico, además de en Uruguay.
