El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, integrado por Edward Vittone, María Celeste Jara y Linneo Ynsfrán Saldívar, hizo lugar a la acción promovida por la Universidad Privada María Serrana contra la Resolución 87/2022 del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) del informe final de intervención y la clausura de carreras de Medicina de dicha casa de estudios.
Los magistrados resolvieron revocar la Resolución 87/2022 dictada por el Cones.
En el estudio de los antecedentes del caso y previo al voto, resaltó el debate de los magistrados sobre la situación del Cones. La jueza María Celeste Jara se refirió a la problemática por la que atraviesa la educación superior indicando que, si bien la sanción de la Ley Nº 4995/13 “De Educación Superior”, respondió a la necesidad apremiante de contar con un marco legal, que regule la educación superior, y a la previsión establecida en el art. 47° de la Ley Nº 1264/98 “General de Educación”, que establecía la exigencia de que la educación superior sea regulada a través de una ley propia, lejos de establecer un orden, ha desencadenado mayores problemas y conflictos, indicó.
Jara sostuvo que el Cones es un organismo colegiado ‘‘desprovisto de cualquier tipo de control estatal’’, atribuyéndole funciones que la Constitución Nacional otorga únicamente al ministro de educación.
‘‘La Ley de Educación Superior ha creado un Consejo que invade y se apropia de responsabilidades específicas del Estado y del Ministerio, que la Constitución Nacional les adjudica exclusivamente a estas dos últimas instituciones’’.
Además, señaló que en el ejercicio de sus funciones, bajo el pretexto de depurar el sistema educativo y evitar la proliferación indiscriminada de instituciones y ofertas académicas que no reúnen estándares de calidad, el Cones clausuró universidades, carreras y fijó criterios y exigencias a las instituciones y alumnos que generaron zozobra y descontento, ‘‘en beneficio exclusivo de los integrantes que lo conforman, y todo esto sin ninguna injerencia del Estado’’. María Celeste Jara votó por hacer lugar a la acción, el juez Linneo Ynsfrán también apoyando a su colega.
Por su parte, el magistrado Edward Vittone Rojas, quien votó por no dar lugar a la acción de la universidad privada, defendió la intervención administrativa de universidades e institutos superior de educación por parte de órganos de control excepcional como el Cones. Sostuvo que la educación superior es un bien público y responsabilidad del Estado, debiendo garantizar el derecho a una educación superior de calidad, como derecho humano fundamental.
Manifestó que María Serrana tuvo oportunidad de cuestionar y defenderse de las irregularidades que se le atribuyeron.