Desde el Ministerio de Hacienda informaron que el déficit de la Administración Central alcanzó USD 585 millones, equivalente al 1,3% del PIB, al término del quinto mes, más de la mitad de lo proyectado para todo el año. En años anteriores el déficit fiscal se profundizaba recién en los últimos meses por la dinámica de las contrataciones públicas.
El déficit proyectado para este año es de 2,3% del PIB; sin embargo, a este ritmo decrecimiento terminaría en cerca del 3,5% por lo que el Ministro señaló la posibilidad de considerar un levantamiento del tope en el Parlamento. En la misma semana, la misma institución señala que hay datos auspiciosos y que no sería necesario.
Por otro lado, si se considera la existencia de pagos pendientes a proveedores cuyo monto oficial se desconoce –el sector privado unos USD 700 millones– el riesgo de déficit aumenta, por lo cual, este podría terminar siendo al final del año superior al previsto en el presupuesto.
Semanas atrás, el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado señalando la veracidad de las estadísticas publicadas, ya que el cálculo del déficit se realiza considerando normativas legales y manuales acordes con el marco jurídico nacional y las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI, con controles tanto de entidades locales como externas.
Esta acción declarativa, sin embargo, debería haber estado acompañada de un informe a la ciudadanía sobre la coyuntura actual del fisco, sobre todo existiendo otras señales de riesgo como el que acaba de observarse con el Instituto de Previsión Social (IPS).
Una reciente resolución del Consejo de Administración autorizó la utilización de una proporción de la renta de su reserva técnica para hacer frente a un déficit temporal corriente de manera a pagar a los jubilados y pensionados. Esta noticia generó confusión y preocupación respecto a la sostenibilidad del sistema de pensiones de la entidad.
Voceros del Instituto de Previsión Social señalaron que la institución debe cubrir un déficit de alrededor de G. 20.000 millones por mes originados en la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo de jubilaciones y pensiones. Ante esta situación, las autoridades trataron de tranquilizar el ánimo ciudadano, señalando que es una situación temporal, ya que es un efecto de la pandemia. Las estimaciones del IPS señalan que el déficit desaparecería en 2024.
Esta gestión de gobierno dejará las finanzas públicas sumamente deterioradas y con altos niveles de incertidumbre sobre la situación real, ya que no se cuentan con datos ciertos sobre las cuentas fiscales.
El problema no es solo la pandemia, tal como se trata de hacer creer a la población, sino a la falta de soluciones integrales que hasta ahora ni siquiera fueron propuestas de manera que la sociedad pueda estudiarlas y valorarlas.
Las respuestas que se plantean son solo parches que trasladan la responsabilidad de solución a gestiones e incluso generaciones futuras, con claros impactos en la desigualdad y el deterioro de la calidad de vida de toda la población. La incertidumbre con respecto a las cifras reales deja entrever el descontrol de la política fiscal, uno de los principales instrumentos que tiene el Estado para impulsar el crecimiento y el bienestar.
El próximo gobierno deberá no solo ordenar las cuentas fiscales de manera que no afecte a la ya sufrida población, sino poner a disposición de la ciudadanía toda la información, y garantizar un diálogo informado para tomar las decisiones que sean necesarias y justas.