El hecho se presentó en un caserío conocido como Atánquez, en el departamento de Cesar (norte), donde estalló el artefacto cuando más de 150 indígenas kankuamos bailaban en la celebración de la llegada del año nuevo.
El hecho se presentó en un caserío conocido como Atánquez, donde desconocidos arrojaron el artefacto cuando más de 150 indígenas de la comunidad kankuama celebraban la llegada del nuevo año. En la foto otra víctima de actos violentos en Colombia. EFE | Ampliar imagen
Las autoridades indígenas atribuyeron el suceso a un atentado, aunque la policía contempla la posibilidad de que se tratase de un accidente.
“Anoche, después de las 11 de la noche, estábamos en una caseta que se llama ‘patio fresco’, cerca de la estación de policía, cuando cayó una granada en medio de la pista de baile y murió allá una persona y después otras cuatro más”, dijo Betoven Arlan Ariza, coordinador de territorios de esa etnia.
Los muertos son cuatro mujeres y un hombre, todos miembros del pueblo kankuamo.
“Además hay 20 heridos de consideración y el resto tienen pequeñas esquirlas y están fuera de peligro”, detalló el líder indígena.
Ariza señaló que por el momento no se ha determinado quién fue el autor de lo que calificó de un atentado y rechazó las versiones preliminares del Ejército y la policía que señalan que un miembro de esa comunidad entró con una granada al sitio de reunión.
“Parece que esa información es muy apresurada y nosotros creemos que se trata de otra cosa”, añadió.
El director de seguridad ciudadana de la policía, el general Orlando Paez, ofreció por su parte una recompensa de hasta 20 millones de pesos (unos 8.900 dólares) por información que permita la captura del sujeto que presuntamente arrojó la granada.
“Nadie da razón que haya visto a alguien que la haya arrojado, creemos que de pronto se trata de un ciudadano que la portaba y se le cayó (...) y de otro lado la policía ofrece una recompensa de 20 millones de pesos”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que un grupo de expertos fue enviado desde Bogotá para investigar los hechos.
Atánquez, capital del resguardo kankuamo, tiene dos centros de asistencia, pero debido a las fiestas de fin de año ningún médico se encontraba en el sitio en el momento de la explosión y por eso los heridos tuvieron que ser trasladados a Valledupar, capital provincial de Cesar, donde se decretó la emergencia hospitalaria.
“Lo que se pudo hacer en la zona se hizo con estudiantes de enfermería”, indicó Ariza.
Uno de los médicos del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde fueron trasladados los heridos, explicó que varios de ellos “llegaron con múltiples lesiones, con mutilaciones faciales y algunos con heridas en el abdomen”.
El galeno manifestó su preocupación por el estado de salud de dos de los nativos heridos en el estallido y aseguró que a varios de los afectados les han tenido que amputar sus extremidades por la gravedad de las lesiones.
Betoven Arlan Ariza recordó que en 2003 y en 2004 se adoptaron a instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA) medidas cautelares y provisionales para su comunidad indígena “a raíz de un proceso sistemático de exterminio” por parte de grupos paramilitares.
“Estas dos medidas son de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”, aclaró.
El aborigen declaró que hechos como este evidencian la necesidad de que se mantengan ese tipo de medidas provisionales y cautelares, y rechazó la intención del Gobierno colombiano de suprimirlas.
Por su parte, Jaime Arias, el gobernador indígena del cabildo de Atánquez, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no se levanten esas medidas de protección e indicó que no tienen las condiciones de seguridad necesarias para que puedan continuar en sus labores cotidianas.
Por la explosión de otra granada en la ciudad de Pereira (centro) también murió esta madrugada una niña de nueve años y ocho de sus familiares resultaron heridos.
Colombia, con 44,6 millones de habitantes, acoge una población indígena de 1,6 millones, constituida por 102 etnias, de las que 18 están en peligro de desaparición, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
De acuerdo a esas cifras, entre 2002 y 2008 más de 1.226 aborígenes han sido asesinados, 300 desaparecidos y 1.660 encarcelados.
