Al menos USD 100 millones anuales perdidos por fraude fiscal y cuentas off shore pueden ser destinados al sector educativo para cumplir con falencias en gratuidad, infraestructura y alimentación escolar, si se recuperan estos activos, afirmaron en el conversatorio Garantizando el derecho a la educación: Acciones para su cumplimiento.
“Existe esta corrupción fiscal de no pagar sus impuestos, la evasión fiscal; con eso nosotros tenemos los fondos necesarios como para pensar y mejorar la educación, evitando la evasión”, explicó la docente Ángeles Ferreira, una de las panelistas invitadas por la actividad organizada por Decidamos y la Red por el Derecho a la Educación.
Las organizaciones prepararon un documento que será presentado a las autoridades entrantes para analizar cómo generar más ingresos y también recaudar más para el sector educativo.
Ferreira agregó que ni siquiera hay un interés político para que se cumplan las leyes nacionales en cuanto a evasión y a impuestos.
Este factor se suma a la corrupción que existe actualmente en el ramo.
Si bien instan a un debate sobre la baja carga impositiva en el país, existe otro lado que no se está conversando y que también puede generar más recursos para garantizar el derecho a la educación de todos y todas.
“Solo con eso, sin tocar el sistema tributario, digamos, sino dejando de evadir y que la gente pague lo que tenga que pagar, se junta lo suficiente como para financiar la transformación educativa, ese modelo educativo que garantiza las mínimas condiciones necesarias de infraestructura, materiales, formación docente y merienda escolar”, expresó la educadora.
MALA EJECUCIÓN. La falta de ejecución correcta de los fondos que se destinan a las instituciones educativas es otro de los focos que se deben resolver, analizó la economista e investigadora Sarah Zevaco, otra de las panelistas en el evento, que reunió a profesores, investigadores y representantes de gremios docentes. “El financiamiento de los municipios y gobernaciones aumentó significativamente a partir de 2013 con el Fonacide; sin embargo, se observan tasas bajas de ejecución (60% en el 2021)”.
La mayor parte del gasto en educación se da desde la Administración Central. En el año 2021, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) representó el 74% del gasto, mientras que las universidades contribuyeron con el 15%, y los municipios y gobernaciones con el 7,8%.
DESIGUAL. Se da igualmente, según el análisis de Zevaco, una disparidad en el gasto por niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con los territorios.
“Por ejemplo, San Pedro, que es el segundo departamento más pobre del país, tiene una inversión que equivale a la mitad de la realizada por el Departamento de Caazapá, considerado el más pobre del país”.
Estas desigualdades se explican en gran parte por la fuente de financiamiento. La ley que crea el Fonacide en el 2012, distribuye los recursos según la afectación territorial por las binacionales y no de acuerdo con criterios sociales o educativos de cada zona.
La investigadora recordó que otros pares locales también apuntaron en años anteriores a que esta forma de distribución de los fondos antes que reducir las desigualdades, las aumentan.
Ángeles Ferreira agrega que no se puede discutir el cumplimiento con el derecho a la educación si realmente no invertimos en el área.
“Si nosotros no estamos generando los recursos, no estamos entregando los recursos para que realmente se generen acciones, quiere decir que en verdad no es una prioridad del Estado paraguayo la agenda educativa”, remarca.
