El representante del Ministerio Público solicitó además elevar a juicio oral la causa que involucra al ex intendente Catalino Brítez Núñez y al ex secretario Luis Alberto Carbajal Barreto.
Según datos de la Fiscalía, entre 2012 y 2013, Brítez y Carbajal supuestamente dispusieron pagos simulados a empresas para la construcción de puentes, la apertura de caminos y el almuerzo escolar en las instituciones educativas del distrito. Asimismo, se expone en la acusación una supuesta sobrefacturación.
En 2012, los investigados habrían dispuesto el pago simulado de G. 25 millones para la adquisición y colocación de pasto en el predio de la Supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y en la Gobernación de San Pedro.
En 2013 se realizó la contratación, vía excepción, para construir un puente y abrir un camino en la compañía San José, con el pago simulado de G. 76 millones. Las obras no se realizaron por la firma adjudicada, de nombre Construcciones San Vicente.
En el mismo año, también se procedió a la contratación directa de la empresa RGO Real Import para la reparación de paredes y pintura del salón auditorio y del tinglado municipal de la ciudad, pero las obras no se llevaron a cabo y el pago, de G. 69 millones, habría sido simulado nuevamente.
La misma empresa fue adjudicada en el mes de junio del 2013 con la construcción de un puente y la apertura de dos kilómetros de camino, obras que no se realizaron y por las que se procedió al pago de más de G. 102 millones.
Brítez y Carbajal también habrían autorizado nuevamente la contratación de la empresa Construcciones San Vicente, vía excepción, para la apertura de un camino, por lo que se pagó simuladamente la suma de G. 90.800.000, sin que las obras hayan sido realizadas, según consta en la acusación fiscal.
En otro de los casos expuestos, se acordó con la distribuidora Santa Rosa el suministro de la merienda escolar a las instituciones educativas de la zona por un precio total de G. 125.547.000, pero el municipio pagó G. 2.303.000 de más.
Así también, los imputados supuestamente simularon el pago de G. 82.314.000 a la empresa Lakmi para la adquisición del almuerzo escolar, sin que la provisión de alimentos sea entregada a las instituciones educativas.
La fiscala Sandra Ledezma imputó primeramente a los sospechosos, pero posteriormente solicitó el sobreseimiento definitivo de los mismos, lo que fue rectificado por el fiscal adjunto Justiniano Cardozo. Por los hechos, también está procesado Simeón Sanabria Ruiz.
