Los productos incluidos en el acuerdo político son el aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como productos derivados, como carne de res, muebles o chocolate.
Cuando las nuevas normas entren en vigor, todas las empresas deberán llevar a cabo una “estricta diligencia debida” si colocan en el mercado de la UE o exportan de él productos básicos considerados “clave” en la deforestación mundial, indicaron la Eurocámara y la Comisión Europea en sendos comunicados.
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Estos productos básicos se han elegido sobre la base de una evaluación de impacto exhaustiva que los identifica como el principal impulsor de la deforestación debido a la expansión agrícola, aseguró el Ejecutivo comunitario impulsor de esta medida.
Bruselas añadió que este paso ayudará a detener una parte significativa de la deforestación y la degradación forestal a nivel mundial, lo que a su vez reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad.
Este acuerdo llega justo la víspera del inicio este miércoles de la Conferencia sobre Biodiversidad (COP15) en Canadá y que se establece para definir los objetivos de protección de la naturaleza en las próximas décadas.
Sus puntos esenciales pasan por abordar la deforestación independientemente de si es legal o ilegal; estrictos requisitos de trazabilidad que vinculan los productos básicos con las tierras de cultivo donde se produjeron; y un sistema de evaluación comparativa del país.
Hasta 178 millones de hectáreas perdidas
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que 420 millones de hectáreas de bosque, un área más grande que la Unión Europea, se perdieron debido a la deforestación entre 1990 y 2020.
En términos de pérdida neta de área (la diferencia entre el área de bosque talado y nueva superficie de bosques plantados o regenerados), la FAO estima que el mundo perdió alrededor de 178 millones de hectáreas de cubierta forestal en el mismo período de tiempo, que es un área que triplica el tamaño de Francia.
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El nuevo reglamento establece estrictas normas obligatorias de diligencia debida para las empresas que desean colocar productos relevantes en el mercado de la UE o exportarlos.
Los operadores y comerciantes deberán demostrar que los productos están libres de deforestación (producidos en tierras que no fueron deforestadas después del 31 de diciembre de 2020) y legales (cumplen con todas las leyes pertinentes aplicables vigentes en el país de producción).
Las empresas también deberán recopilar información geográfica precisa sobre las tierras de cultivo donde se han cultivado los productos básicos que obtienen, de modo que se pueda verificar el cumplimiento de estos productos.
Los Estados miembros deben asegurarse de que el incumplimiento de las normas dé lugar a sanciones efectivas y disuasorias.
La lista de productos básicos que están cubiertos se revisará y actualizará periódicamente, teniendo en cuenta nuevos datos, como los cambios en los patrones de deforestación.
Evaluación comparativa
Asimismo, la Comisión Europea ejecutará un sistema de evaluación comparativa que evaluará los países o partes de los mismos y su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal (riesgo alto, estándar o bajo), teniendo también en cuenta la expansión agrícola para la producción de los siete productos básicos y derivados.
Las obligaciones de las empresas dependerán del nivel de riesgo: esto también ayudará a guiar el trabajo de la UE junto con los países socios para detener la deforestación, al mismo tiempo que presta especial atención a la situación de las comunidades locales y los pueblos indígenas.
A nivel internacional, la UE intensificará su compromiso, tanto bilateralmente con los países productores y consumidores como en los foros multilaterales relevantes, para garantizar que la nueva ley se implemente de manera efectiva y ayudar a los países productores cuando sea necesario.
Las nuevas reglas no solo reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, sino que también ayudarán a asegurar los medios de vida de millones de personas, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales de todo el mundo, que dependen en gran medida de los ecosistemas forestales, según Bruselas.
Una vez que el Reglamento entre en vigor, los operadores y comerciantes tendrán 18 meses para aplicar las nuevas reglas. Las micro y pequeñas empresas gozarán de un mayor período de adaptación, así como de otras disposiciones específicas.
