Los activistas opositores anunciaron el miércoles que mantendrán la convocatoria de su marcha pacífica en La Habana el 15 de noviembre en un claro desafío al Gobierno, que los tacha de subversivos y los acusa de estar respaldados por EEUU.
Yunior García Aguilera, fundador de esa iniciativa ciudadana inédita en 60 años, declaró a Efe que “nuestra decisión es que vamos a marchar. No estamos convocando. Nosotros vamos a marchar y los que quieran que se sumen”. El Gobierno negó el martes el permiso para realizar la marcha al calificarla de “ilícita” y argumentó que la solicitud de la plataforma virtual Archipiélago es “una provocación” como parte de la estrategia de “cambio de régimen” para Cuba “ensayada en otros países”.
El joven dramaturgo respondió el miércoles que los miembros de Archipiélago no han podido reunirse para emitir una declaración conjunta, pero reafirmó la decisión de marchar el día 15 de noviembre.
García Aguilera, uno de los arrestados el 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales, aseguró que le han cortado los servicios de Internet y telefonía fija en su casa en un intento de silenciar sus reivindicaciones. La propia plataforma denunció en su cuenta en Twitter la detención de su moderadora Daniela Rojo, la cruzada en la prensa estatal contra García Aguilera y mensajes filtrados que circulan en Internet para evitar que se sumen más personas a la convocatoria.
DISCUSIÓN EN REDES. Un editorial del periódico estatal Granma, que acusa a los promotores de servir a los intereses de EEUU, encendió el jueves la polémica en las redes sociales entre usuarios a favor y en contra de la marcha que pretendía reunir a 5.000 personas en La Habana y debía replicarse en otras ciudades del país.
La marcha se ha convocado en un escenario difícil en Cuba que atraviesa una fuerte crisis económica reflejada en largas colas para comprar alimentos y productos básicos, una escalonada inflación con el consecuente aumento de los precios y apagones.
El Gobierno cubano atribuye estos problemas al embargo financiero y comercial de EEUU, endurecido en la pasada Administración de Donald Trump.
En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado un acto opositor al Gobierno. El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas.
