El caso se origina por una denuncia presentada contra Teófilo Barrios, a quien Viumar de Souza señala por un presunto perjuicio económico de aproximadamente G. 320 millones, además de una denuncia por presunta apropiación que se encuentra a cargo del Ministerio Público.
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Según explicó el abogado Édgar González, Barrios habría entregado a su representado, mediante documentación respaldada por escribanía y escritura pública, la cesión de derechos sobre una plantación de chía ubicada en la zona de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, con el objetivo de que Souza pudiera ingresar al inmueble y realizar la cosecha.
Sin embargo, una vez llegada la época de recolección, el denunciante sostiene que Barrios habría cambiado de postura y ahora se niega a permitirle acceder a la plantación, pese a la documentación que, según la defensa, respalda la cesión de derechos.
Ante esta situación y considerando que la plantación de chía se encuentra en condiciones de ser cosechada, González presentó una medida cautelar de urgencia ante el Juzgado Civil de Curuguaty, solicitando que se garantice el acceso de su representado para evitar la pérdida de la producción.
“Ya pasaron 72 horas y no hay resolución”
El principal cuestionamiento del abogado apunta a la demora del juzgado. Según González, ya transcurrieron más de tres días desde la presentación de la medida cautelar y hasta el momento no existe una resolución por parte de la jueza Sonia Medina Paredes, quien no resolvió nada ni se constituyó a la finca mencionada.
El profesional sostuvo que la jueza debía expedirse, ya sea de manera favorable o desfavorable, debido a que las partes cuentan posteriormente con las vías legales correspondientes para recurrir la decisión.
El letrado señaló además que se presentó personalmente ante el juzgado para solicitar explicaciones sobre la demora y cuestionó duramente el accionar de la magistrada Sonia Medina Paredes pero no fue recibido.
“No hay justicia en Curuguaty”, afirmó el abogado, quien acusó a la jueza de desconocer cuestiones básicas del derecho y de actuar, según su apreciación, de manera parcializada en el conflicto.
Fuertes cuestionamientos contra la jueza Sonia Medina Paredes
El abogado sostuvo que numerosos productores y ciudadanos habrían sufrido importantes perjuicios económicos como consecuencia de decisiones judiciales y cuestionó que, pese a las denuncias existentes, la magistrada continúe al frente del juzgado.
Asimismo también dirigió críticas hacia autoridades judiciales superiores, reclamando que se investiguen las actuaciones de la magistrada y que se adopten las medidas que correspondan si se comprueban irregularidades.
La controversia también involucra al Ministerio Público, ya que la defensa de Souza sostiene que existen denuncias contra Teófilo Barrios por presunta estafa y apropiación que deben ser investigadas por la Fiscalía de Curuguaty.
En ese contexto, González realizó además una acusación que deberá ser verificada por las autoridades competentes, ya que denunció que Barrios residiría en un dúplex que pertenecería a un fiscal de Curuguaty y que compartiría el lugar con otros funcionarios del Ministerio Público.
La cosecha, en riesgo
La defensa de Viumar de Souza sostiene que cada día de demora puede representar pérdidas económicas importantes y que la medida cautelar fue solicitada precisamente para evitar que la producción se pierda.
El abogado Édgar González insistió en que el juzgado debe emitir una resolución, cualquiera sea su contenido, para que las partes puedan ejercer posteriormente los recursos que establece la legislación.
Intentamos obtener la versión de la jueza Sonia Medina Paredes, pero no obtuvimos respuestas al respecto.