15 jul 2026

Abogada denuncia sanción por pedir asistir a audiencias en casos de corrupción

Esther Roa fue sancionada con una amonestación por la Corte Suprema tras denunciar públicamente la exclusión ciudadana en audiencias de casos de corrupción. La abogada sostiene que la medida busca silenciar su activismo y proteger a los poderosos.

esther roa

La nota del grupo ciudadano se da en respuesta a la dilación en la toma de decisiones políticas por parte del Ejecutivo.

La abogada Esther Roa denunció que fue amonestada por la Superintendencia General de Justicia de la Corte Suprema por solicitar información e ingreso en audiencias en los casos de corrupción de Rodolfo Friedmann, ex gobernador de Guairá y Alejandro Urbieta, ex intendente de Concepción.

Roa fue notificada de la amonestación formal con constancia en su legajo, tras un sumario administrativo abierto por “presuntas irregularidades”. La notificación, fechada el 28 de julio de 2025 y firmada por los ministros César Diesel Junghanns y Carolina Llanes, fue comunicada por el Departamento de Seguimiento de Casos de la Oficina Disciplinaria.

Según el documento oficial, la sanción fue dispuesta por el Consejo de Superintendencia tras evaluar el expediente Nº 45.571, que lleva por título “Sumario Administrativo a la abogada María Esther Roa Correa s/ presuntas irregularidades”. La resolución ordena, amonestar con constancia en el legajo a la abogada María Esther Roa Correa”.

Esta medida disciplinaria fue adoptada en el marco de una audiencia preliminar en un caso de alto perfil que involucra al ex gobernador y ex senador Rodolfo Friedmann, imputado por corrupción, por un supuesto daño patrimonial de G. 16 mil millones y que, según fuentes judiciales, se encuentra cercano a prescribir. También a la causa de Urbieta ex intendente de Concepción, que prescribió, con un supuesto perjuicio de más de G. 4 mil millones.

“La denuncia fue realizada por el juez José Delmás en el 2023. Luego que me haya negado la posibilidad de participar en las audiencias preliminares de Rodolfo Friedmann y Alejandro Urbieta, el ex intendente de Concepción, y Rodolfo Friedmann de Guaira y ex senador. En ese momento, cuando se negó a que yo participara, junto con tres personas más, hice un vídeo en vivo en mis redes sociales, reclamando esa falencia. Denuncié que se violaba el Código Procesal Penal que establece que las audiencias son públicas!, así comenzó el relato de la abogada Esther Roa, al referirse a los hechos que hoy derivaron en una amonestación disciplinaria en su legajo por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Según relató, tras ese video en redes sociales, en el cual criticó públicamente la exclusión ciudadana de audiencias judiciales sensibles, el juez José Delmás presentó una denuncia contra ella ante la Superintendencia de la Corte.

“Habré dicho algo que le molestó. Hizo una denuncia a la Superintendencia. Me notificaron una sola vez y nunca más me participaron de nada. Y para sorpresa, ahora me comunican la resolución final: una amonestación. Eso significa que, en la medida que yo vaya acumulando amonestaciones, puede implicar la cancelación de mi matrícula. Yo creo que ese es el objetivo”, advirtió Roa.

Negligencia e impunidad: Los casos Friedmann y Urbieta

La abogada no solo cuestiona el procedimiento en su contra, sino que también denuncia el trasfondo de negligencia institucional que rodea los expedientes judiciales de Alejandro Urbieta (ex intendente de Concepción) y Rodolfo Friedmann (ex gobernador de Guairá y ex senador), ambos investigados por hechos de corrupción.

“En el caso de Urbieta, quedó impune porque la Fiscalía, durante el plazo de un año de sobreseimiento provisional, no realizó las pruebas comprometidas. Fue una negligencia que yo ya había advertido. Y en el caso de Friedmann, hasta ahora sigue con las chicanas y hay riesgo de prescripción”, denunció Roa.

Ante esta situación, la abogada señaló que la Corte Suprema está más preocupada en disciplinarla a ella por su rol crítico, que en resolver las falencias estructurales del sistema judicial.

Más contenido de esta sección
Rafael Filizzola, senador opositor, cuestionó la respuesta del Mitic sobre la presunta “campaña sucia” contra críticos al gobierno. El senador acusó al Ministerio de ocultar millonarias inversiones en publicidad estatal.
La Cámara de Diputados dispuso en mayoría dar la espalda a dos pedidos de informes que apelaban a la transparencia de la Binacional Itaipú, con relación a los procesos licitatorios de servicios de jardinería y compra de plantas que ascienden a G.18.707 millones y una consulta acerca de si el plantel de funcionarios en el Área Jurídica cuenta actualmente con nuevos contratados. Tras la negativa, una de las proyectistas acusó a los cartistas de negarse a la transparencia y negar a la ciudadanía conocer cómo se gasta la plata en Itaipú.
El diputado cartista Yamil Esgaib defendió su proyecto que intenta reincorporar el tono rojo en los escudos nacionales, una versión similar a la implementada durante el stronismo y que coincide con el color del partido de Gobierno. El legislador insistió en que se trata de una reglamentación que dispone la Constitución Nacional y negó que su iniciativa esté relacionada con la última dictadura.
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, presentó una nota de excusa a la Comisión de Salud de la Cámara Alta, donde no asistió y envió a sus técnicos para el estudio del proyecto de ley de emergencia en la previsional. Lo esperarán el 28 de julio.
Ante el desacuerdo entre diputados y senadores sobre una ley de emergencia para el Instituto de Previsión Social (IPS), el diputado opositor Raúl Benítez advirtió que sin el apoyo real del oficialismo el presidente de la previsional, Isaías Fretes, terminará igual que su antecesor Jorge Brítez, quien fue destituido y hasta desprestigiado con denuncias de corrupción.
Varios diputados responsabilizaron al ministro del Interior, Enrique Riera, por el descontrol en las filas policiales que culminó con el caso del gatillo fácil, en el que la policía acabó con la vida de un joven de 22 años en la ciudad de Alberdi. Desde la óptica de algunos legisladores, la responsabilidad tiene que ver con la falta de preparación policial, por lo que instaron a ahondar en el test psicológico de los que ejercen esa labor.