Alrededor de las 08.40 de este miércoles, el mandatario Mario Abdo Benítez, en compañía de la Primera Dama, Silvana López Moreira, partió rumbo a Costa Rica desde el Espigón Presidencial del aeropuerto Silvio Pettirossi.
El jefe de Estado estará presente en la audiencia pública que el Estado paraguayo enfrenta en el caso Juan Arrom y Anuncio Martí, que se desarrollará este jueves en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Su intención es ir en representación de todos los paraguayos, ya que considera esta situación como una causa nacional.
En su cuenta de Twitter, Abdo Benítez expresó que acompañará a las víctimas de secuestro y defenderá la actuación de las instituciones que luchan contra la violencia en el Paraguay.
El canciller Luis Castiglioni también acompañó al jefe de Estado a la audiencia convocada por los magistrados de la Corte IDH para escuchar a los testigos de las partes. Ambos estarán de regreso al país este viernes.
Por el lado de los denunciantes, está previsto que declare Juan Arrom, por teleconferencia. Además, su hermana Cristina Arrom, el periodista Aníbal Emery y el ex defensor del Pueblo Raúl Marín.
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Como testigos estarán Anuncio Martí, María Auxiliadora Arrom de Orrego, Carmen Emilia Arrom de Cabello, Carmen Marina Arrom, María Cristina Martí Méndez, Marta Ramona Martí de Páez, Esperanza Martínez, Carlos Portillo, Mario Torres, Víctor Antonio Colmán, Liz Larriera, Gloria Elizabeth Blanco y Elena Méndez viuda de Martí. Algunos de ellos ya testificaron por escrito, vía escribanía.
Por el lado del Estado, los testigos serán el agente de la Fiscalía Édgar Sánchez, quien formó parte del equipo que investigaba el secuestro de María Edith Bordón, y el ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre.
La defensa del Estado estará encabezada por el procurador general de la República, Sergio Coscia.
Como integrantes de la audiencia, también participarán los senadores Fidel Zavala y Lilian Samaniego, además de María Edith, quienes fueron para presentar su apoyo al Estado ante la acción planteada por Arrom y Martí.
Caso Arrom y Martí
El caso se remite a una denuncia que realizaron Arrom y Martí en contra del Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuestos hechos de tortura y secuestro en 2002.
La CIDH concluyó la existencia de dichos actos y elevó el caso al organismo judicial internacional, donde recomienda que Paraguay pague un resarcimiento material e inmaterial.
El Gobierno rechaza la intención de Arrom y Martí de una indemnización de USD 63 millones que reclaman como supuestas víctimas.
Actualmente, Arrom y Martí se encuentran en carácter de refugiados políticos en el Brasil; sin embargo, el presidente Mario Abdo Benítez solicitó al Gobierno brasileño la revocatoria del status para que puedan ser extraditados y juzgados en Paraguay.
