Por Adriana Caballero y Luis Carlos Irala
El reconocido economista Dionisio Borda ofrece un diagnóstico crítico con relación a cómo se están desarrollando las políticas públicas, en el marco de los dos años de gobierno de Santiago Peña, que se cumple este 15 de agosto. Para Borda, el crecimiento de la economía paraguaya se concentra solo en un pequeño sector de la población, mientras que la gran mayoría queda rezagada. Si bien reconoce logros como la inflación controlada, la estabilidad macroeconómica y el grado de inversión, alerta que persisten altos niveles de pobreza, informalidad laboral y desigualdad. Cuestiona el aumento de la deuda pública y la falta de reformas estructurales que permitan un desarrollo más equitativo y sostenible.
–A dos años de gobierno de Santiago Peña, ¿qué evaluación general puede hacer de su gestión en materia económica?
–Los logros económicos han sido el crecimiento económico, superior al 4%, la baja inflación de 4%, el aumento del ingreso tributario y el grado de inversión resultado de dos décadas de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, las performances de otras variables son preocupantes, como el coeficiente de la deuda pública en torno a 41,2% del PIB (a mayo de 2025); la convergencia de la regla fiscal, que obligó a la disminución del financiamiento al capital físico y capital humano. El Gobierno menciona que el coeficiente de la deuda es el más bajo a nivel regional, pero omite la otra cara de la moneda: la presión tributaria es la más baja de la región, 12,3% del PIB. Por otra parte, la desigualdad de ingresos es marcada –índice de Gini 0,45–, así como el alto nivel de pobreza de 20,1%. El crecimiento se concentra en un sector pequeño de la población y la gran mayoría no recibe el impacto del crecimiento. Esta mayoría tiene un ingreso laboral por debajo del salario mínimo y es excluida de la seguridad social. El mercado laboral es altamente informal, 63% de la fuerza laboral no recibe los beneficios de seguridad social ni los derechos laborales.
–¿Cuáles de sus principales promesas económicas se están cumpliendo y cuáles siguen pendientes? ¿Hubo un relato de campaña muy distinto a la práctica?
–Hambre Cero, con sus bemoles, está en plena ejecución. No conozco una evaluación sistemática del programa. Algunas limitaciones menciona la prensa, tales como la calidad de los alimentos en algunos casos, y la carencia de infraestructura en muchas escuelas. La estabilidad macroeconómica constituye un patrimonio intangible de nuestro país que empezó en 2003. Dos décadas de vigencia que sirvieron para el grado de inversión para nuestro país. La promesa de campaña ha sido la creación de 500.000 empleos y captación de inversiones extranjeras directas (IED). El trabajo informal domina el mercado laboral y Paraguay sigue siendo el país de la región con el coeficiente más bajo de IED. El “resurgir de un gigante” y los numerosos viajes al exterior del presidente han sido una estrategia prácticamente sin resultado hasta ahora. El relato de campaña era “vamos a estar mejor”. Pareciera ser solo para algunos militantes del Partido Colorado, que están capitalizando recursos, cargos e influencia en el Estado.
–¿Qué opina de las reformas impulsadas, como la Ley del Servicio Civil, las modificaciones presupuestarias? ¿Cree que existe un verdadero plan de modernización del Estado?
–La mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento son colorados y opositores oficialistas o cartistas aceptan a libros cerrados las propuestas del Ejecutivo; no existe el debate serio en el Parlamento. El Congreso dejó de ser control y contrapeso del Ejecutivo. Esta modalidad parlamentaria socava la democracia y la seriedad de la política. El Gobierno ha presentado y sigue presentando proyectos de reforma, no me consta que el gran propósito sea la modernización del Estado, pienso más en “muchos ruidos, pero pocas nueces”. Las dos fusiones iniciales: el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y la DNIT (Dirección de Ingresos Tributarios) han sido un acierto en 2023. Las otras reformas estructurales con pocos resultados. La superintendencia de Jubilaciones y Pensiones convertida en ley, pero no se perciben resultados. La Ley de Administración del Estado para simplificar ministerios y secretarías de Estado no ha avanzado prácticamente. En julio de 2025, se anuncia la incorporación en el MIC (Ministerio de Industria y Comercio) del Viceministerio de Minas y Energía y la Secretaría de Turismo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores absorberá la Secretaría de Repatriados. Son cambios menores. La Ley del Servicio Civil es una reforma importante, pero se aprobó con exclusiones: El Parlamento y el Poder Judicial no serán parte de esta reforma. Veremos la aplicación de la ley en el Ejecutivo. Nuestro país se caracteriza por no aplicar las leyes. Acelerar las reformas y muy centralizadas en el MEF no creo que tengan mucho éxito.
–¿Las giras internacionales de Peña están dando resultados como estrategia? ¿Cómo podría el país aprovechar mejor esa figura del presidente como embajador itinerante de las inversiones?
–Los informes oficiales de captación de inversiones extranjeras directas siguen la tendencia históricamente baja. Por otro lado, no conozco casos de presidentes viajeros para convencer que no se paga prácticamente impuestos, se dispone de fuerza laboral abundante y recursos naturales. La responsabilidad del presidente es la conducción del Gobierno y no reemplazar la responsabilidad del ministro de Relaciones Exteriores.
–¿Cómo evalúa el manejo del gasto público? ¿Ve señales de racionalización o predominan las prácticas clientelares y el aumento del gasto corriente? ¿Qué aspectos considera prioritarios reformar o revisar para mejorar su eficiencia?
–El manejo del gasto público no ha cambiado en dos años. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un estudio de la región, señala el mal uso de los recursos que generan pérdidas de 3,9% del PIB en Paraguay. El Gobierno no trazó un plan para reducir estas pérdidas. Las prácticas clientelares y prebendarias no solo persisten, sino que han aumentado. Nuestra economía necesita incrementar la inversión física y de capital humano. Para mejorar la productividad necesitamos invertir tanto en capital humano como en capital físico y mejorar las institucionalizaciones y garantías a las inversiones. El gasto corriente no cubre solamente gastos de funcionarios, sino que incluye insumos, equipamientos y mantenimientos en las áreas sociales. Las prioridades en la práctica son los gastos rígidos: salarios, pagos del servicio de deuda y transferencias para la Caja Fiscal. Los gastos rígidos llegan a 90% del presupuesto y queda 10% disponible.
–¿La emisión de bonos es sostenible en el mediano y largo plazo? ¿Cree que Paraguay corre riesgo de caer en una trampa de deuda?
–El Gobierno viene aumentando la deuda pública, con el incremento continuo de emisiones de bonos, especialmente los bonos soberanos. Además, la deuda está altamente dolarizada, en torno a 85%. Esto significa otro factor más de riesgo. El endeudamiento debe ser muy prudente porque, con el nivel de ingresos tributarios actual, no existe garantía de la sostenibilidad de la deuda de mediano y largo plazo. La región tiene suficientes casos de crisis de la deuda externa porque los países no pueden cumplir sus compromisos financieros. Paraguay debe realizar cálculos de sostenibilidad de la deuda en forma frecuente para calibrar sus gastos en función a sus ingresos tributarios, para evitar la cesación de pagos parcial o total (default). Transferir a las próximas generaciones el pago de la cuenta actual no es de un Gobierno mínimamente responsable.
–¿Qué medidas deberían tomarse con urgencia en cuanto a la Caja Fiscal? ¿Ve voluntad política real para su reforma integral?
–Es inexplicable la postergación de la reforma de la Caja Fiscal, un obstáculo que se viene arrastrando en más de un Gobierno y constituye una pérdida financiera asumida por los contribuyentes. El Gobierno menciona dos cambios: aumentar la edad de la jubilación y mayor aporte a la Caja Fiscal. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su última visita, una vez más les mencionó la tarea pendiente: la reforma de la Caja Fiscal. Recuerdo que, en el 2003, en medio de varias crisis, la primera reforma que envió el Ejecutivo al Congreso fue “la ley de racionalización de la Caja Fiscal”. La reforma no puede ser parches para los seis sectores. Urge la presentación de una propuesta que corrija la heterogeneidad del sistema entre sectores (más equidad), que contemple la sostenibilidad financiera, parámetros más uniformes, entre otros. La postergación de la reforma de la Caja Fiscal hace suponer realmente falta de voluntad política del Estado.
–¿Qué impacto real tuvieron las políticas económicas sobre la pobreza y el empleo? ¿Ve avances en inclusión social? ¿Qué tipo de políticas públicas son necesarias para lograr un crecimiento más equitativo?
–El Gobierno está aplazado en las políticas públicas del área social. La pobreza, la desigualdad, la informalidad, la carencia de la calidad del trabajo y los bajos ingresos laborales definen la indolencia del Gobierno. No existe interés en la gran mayoría de los sectores vulnerables. Las mipymes y la agricultura familiar ocupan más del 80% de la fuerza laboral. Fuera de algunas pálidas iniciativas del Gobierno, no se percibe una estrategia seria y programas específicos que busquen tener impactos en la gente pobre. Políticas de apoyo al capital humano no figuran en la agenda del presidente. Las demandas en materia de salud y educación; infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos, kit escolar incompleto, o simplemente no llegan o no tienen respuestas.
–¿Qué modelo económico cree que está siguiendo Peña? ¿Es continuista o propone una diferenciación con gestiones anteriores?
–Me cuesta contestar esta pregunta; diría continuista por gobernar para los colorados, y diferente porque no tiene autonomía. El poder real no está en el Palacio ni en Mburuvicha Róga. La prensa siempre menciona la ubicación real. La autoridad del presidente está opacada. El ciclo del poder en nuestro país tiene dos etapas. La primera, los dos años iniciales, que tiene el beneficio de la duda para ejecutar sus planes. La segunda, las campañas electorales: 2026 para las municipales y 2027 para las internas para elegir el siguiente presidente de la República, los parlamentarios, gobernadores y juntas departamentales. Y con el andar del Gobierno, no transmite optimismo para transformaciones reales.
