La desaparición de los dos niños soldados Cristian Ariel Núñez y Marcelino Gómez, oriundos de Caaguazú, se dio el 3 de febrero de 1998.
Si bien se cumplió con un acuerdo de solución amistosa, los responsables del hecho siguen sin cumplir con las sanciones impuestas.
El comunicado emitido por la Serpaj sostiene que ambas víctimas tenían en aquel momento 14 años. Es decir, a la desaparición se suma el reclutamiento ilegal, pues la edad mínima para el servicio militar es de 18 años.
Los niños prestaban servicio en el destacamento militar General Patricio Colmán, en la ciudad de Capitán Mayor Lagerenza, del Departamento de Alto Paraguay.
El documento señala que los hechos nunca fueron esclarecidos completamente. “La versión oficial de las Fuerzas Armadas señala que los dos conscriptos fueron a buscar una vaca. Estaban bajo el mando del subteniente Blas Vera, y desde entonces nunca más se supo de ellos”, expresa el escrito.
Serpaj explicó que el caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y admitido en el 2003. En noviembre del 2009, el Estado reconoció su responsabilidad internacional en la desaparición forzada de los niños soldados.
Esperan respuesta
El Estado paraguayo y los familiares llegaron a un acuerdo con varios puntos. Entre ellos ya se cumplió el pedido de perdón público, reparación económica, pensión graciable, conformación de Comisión de Verdad y Justicia y exhibición del documental de Niños Soldados en la Academia Militar.
Además, para preservar la memoria de los niños, dos calles en la ciudad de Caaguazú llevan sus nombres y se instaló una placa frente al destacamento militar de donde desaparecieron.
Pero las familias aún esperan respuesta del Estado acerca del tercer punto con respecto a las “garantías de justicia” por el que está obligado a: “Disponer de todas las medidas que estén a su alcance para investigar los hechos y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de los niños Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez”.
Según el Servicio de Verdad y Justicia, sobre esta promesa nada se ha hecho, ya que se había impuesto una multa de G. 24 millones al entonces subteniente Blas Vera, y hasta la fecha no se ha cumplido con dicha disposición. Además, el militar sigue ascendiendo dentro de la esfera castrense.
Tampoco se obtuvieron resultados del equipo interdisciplinario encargado de la búsqueda, localización e identificación del ADN de los restos, lo que fue prometido por la delegación oficial a las madres, ante la mesa de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevada a cabo en Asunción, en mayo de 2017.
Finalmente, la organización expresa su postura acerca del caso: “Reivindicamos y nos solidarizamos con la incansable lucha de doña Deogracia Lugo y doña Zulma Paredes, madres de los niños soldados desaparecidos, y con ellas seguimos y seguiremos reclamando al Estado paraguayo verdad y justicia”.
