El artículo 6 de la ley que rige sobre uso de vehículos del Estado prohíbe que los móviles sean utilizados para cuestiones particulares.
El informe elaborado por la asesoría jurídica de la Cámara de Diputados ya se encuentra en manos de Alliana y lo pondrá a consideración en la mesa directiva o directamente lo trabajará en comisiones.
El resultado del informe refleja la declaración de la diputada Mendoza, hoy vicepresidente de la Cámara Baja, quien asumió que cometió un error y devolvió el vehículo que estuvo en sus manos por 7 años. Hasta ahora la Cámara omite apercibir a Mendoza.
A mediados de julio, el suceso de la camioneta de la Cámara con calcomanía electoral alusiva a Mendoza causó revuelo, pues se halló dentro del rodado al cadáver del candidato a la concejalía departamental de Concepción, Carlos Sosa, asesinado a balazos en la citada ciudad.
La ley refiere que quienes infrinjan las obligaciones establecidas en el reglamento deberán pagar de 20 a 30 jornales mínimos (de G. 1.600.000 a G. 2.400.0000) aproximadamente), establecidos para actividades no especificadas, por cada infracción la primera vez; el doble de la multa en caso de reiteración y pérdida de empleo e inhabilitación para la función pública por cinco años, en caso de una tercera infracción. Diputados no tomaría cartas en el asunto dado que el órgano de aplicación de la ley es la Contraloría General de la República. Alliana tropezaría además para tomar una decisión con la ley. En caso de sanciones solo se estipula para funcionarios públicos y no para “autoridades” como se hacen llamar los parlamentarios.
