Trascendió incluso que se dieron reclamos porque consideraron injusta la aparición de algunos nombres.
Las principales críticas se centraron en la lista de anómalos que integra a un grupo de 77 funcionarios, que para el CAES en su mayoría ni siquiera sabían sus tareas.
El Congreso había desembolsado un monto de G. 550 millones para pagar la auditoría a esta institución dependiente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Una de las que manifestó abiertamente su disconformidad es la senadora Desirée Masi, quien hizo referencia a tres funcionarios específicos que tienen un trato especial en su carácter de asesores, y que tras estos resultados se niegan a seguir presentando servicios de asesoría externa.
Se trata de José Casañas Levi, Marcos Köhn Gallardo, ambos designados para trabajar con la Comisión de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario; y María Victoria Rivas, quien está en la Comisión de Reforma Judicial.
“Sobre esta figura de los anómalos que se le pidió a la gente del CAES, voy a citar tres nombres. Hay gente que evidentemente tiene un tratamiento especial”, refirió en relación a los mencionados.
“Son asesores de la comisión de reforma. Vienen martes y miércoles, de 7 (horas) a casi tres, cuatro de la tarde, trabajando con el senador (Eduardo) Petta. Obviamente no los encontraron. Ellos son asesores externos, no marcan tarjeta, ganan cinco millones de guaraníes. Realmente es mucho mayor el trabajo que hacen”, reclamó la senadora.
“Se les pidió a ellos (al CAES) que revisen la lista justamente para que sea transparente. En este momento estamos teniendo problemas con estas tres personas. Se ha manoseado su nombre, ya no quieren trabajar en estas condiciones”, manifestó.
Por su parte, varios funcionarios tanto del Congreso como del Senado portaron a partir de ayer una cinta blanca en señal de protesta hacia los resultados del CAES. También están reclamando el pago de gratificaciones.
