Desde hace años, el Paraguay figura entre los países en donde el ejercicio del periodismo es una aventura peligrosa, especialmente en las zonas de frontera, donde impera la acción de bandas armadas y grupos del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, debido a que el Gobierno y las demás instituciones del Estado no han conseguido crear condiciones de seguridad para el trabajo de la prensa.
Desde que el director de Radio Mburucuyá, Santiago Leguizamón, fue acribillado a balazos por sicarios de la mafia fronteriza, en Pedro Juan Caballero, Amambay, el 26 de abril de 1991, simbólicamente en el propio Día del Periodista Paraguayo, se han sumado otras 16 situaciones de trabajadores de prensa asesinados por la tarea de informar. La mayoría de estos casos no han sido debidamente investigados por la Justicia y permanecen en la impunidad, incluyendo el caso de Leguizamón, que próximamente sería revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante un pedido de los familiares y de organizaciones de periodistas.
Hasta ahora, el Estado paraguayo no ha mostrado mucha voluntad política en crear mecanismos de seguridad para periodistas. Una primera iniciativa de un protocolo de protección, elaborado por una comisión de la Policía Nacional y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), con respaldo del Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), quedó congelado desde hace más de un año porque las autoridades no respondieron más a los insistentes reclamos para su firma e implementación.
También hay un proyecto de ley elaborado por la diputada Olga López, que propone un mecanismo de protección a comunicadores, con respaldo de los gremios de prensa, pero tampoco ha encontrado suficiente apoyo de las distintas bancadas políticas en el Congreso, hasta el momento.
Por ello, la firma de una carta de intención entre los representantes de los tres poderes del Estado y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para establecer un mecanismo de seguridad para los periodistas del Paraguay significa un importante avance, siempre que no quede como un acto protocolar, de pura imagen ante la comunidad internacional, mientras las amenazas reales siguen plenamente vigentes.
Hasta ahora, varios corresponsales en la zona fronteriza deben trabajar con protección policial y recibiendo constantes amenazas de muerte. Hace pocos días, el local del diario TNPress fue baleado en Ciudad del Este, un par de meses otra emisora de Pedro Juan Caballero fue atacada con explosivos y periodistas de Itapúa fueron golpeados como represalias por publicaciones.
Si este nuevo instrumento jurídico entre los poderes del Estado y la Unesco sirve para romper ese infernal círculo de violencia contra los periodistas, merece el total apoyo ciudadano.
