EFE - Eduardo Davis
La paradoja de un Gobierno impopular pero con el mayor respaldo parlamentario que haya habido en décadas en el país, es para muchos analistas una de las consecuencias del complicado proceso político que llevó a desalojar a Rousseff de la Presidencia.
Ese traumático capítulo comenzó hace hoy un año, cuando Temer fue aupado al poder tras la suspensión de Rousseff para responder a un juicio político que acabó tres meses después con su destitución y la confirmación del actual mandatario en el cargo.
La destitución de Rousseff, justificada en un manejo irregular de los presupuestos, se gestó en realidad desde 2015, cuando perdió el apoyo de la mayoría conservadora de un Congreso que ella misma y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva habían ayudado a conformar.
La alianza con sectores de la derecha que Lula tejió desde 2002 y que Rousseff heredó cuando llegó al poder se agrietó en medio de la grave crisis económica que estalló en 2015 y se terminó de romper al calor de la turbulencia política generada por el descubrimiento de una vasta red de corrupción en la estatal Petrobras.
Temer, representante de los sectores conservadores que apoyaron a Lula y Rousseff durante trece años, se rindió a las presiones que desde su propia base se decantaron por promover la destitución de la mandataria y asumió así el Gobierno en medio de la mayor convulsión política que Brasil vivió en décadas.
Puso en marcha entonces un severo ajuste fiscal, que recoge unas polémicas reformas de las leyes laborales y del sistema de pensiones y jubilaciones que han crispado a los sindicatos del país, incluidos los pocos afines a su Gobierno.
El pasado abril, los gremios obreros llegaron a realizar, con una adhesión calculada en un 45 % de la masa laboral, la que ha sido la primera huelga general convocada en el país desde la década de 1990.
Sin embargo, Temer ha hecho caso omiso del malestar y reiterado que ese duro ajuste rescatará al país del “desastre” en que estaba sumido y devolverá la solidez a una economía hundida en una aguda recesión, que desde 2015 años ha costado una caída de casi ocho puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
“La única marca de mi Gobierno, o mejor, la mejor marca de mi Gobierno, será colocar el país en los raíles, porque estaba fuera de los raíles”, declaró en una reciente entrevista con Efe.
Sustentado por una vasta coalición formada por catorce partidos, muchos de los cuales estuvieron en su hora junto a Rousseff y Lula, Temer desdeña de las encuestas que le atribuyen una popularidad de entre el 4 % y 10 % y sostiene que su imagen no es un objetivo.
Atribuye su baja aceptación a que su gestión no está guiada por “actos populistas”, que considera “irresponsables, porque producen un buen efecto mañana, pero un desastre pasado mañana, que fue lo que pasó en el pasado”.
También afirma que el “reconocimiento” llegará con el tiempo, una vez que las medidas de ajuste que ha impuesto empiecen a dar frutos en el plano económico.
Según los analistas financieros, esos efectos pudieran comenzar a sentirse este mismo año, para cuando esperan un ligero crecimiento económico del 0,5 %, que debería ser seguido por una expansión del 2,5 % en 2017.
Pese a que una recuperación económica pudiera mejorar su imagen, ello no bastaría para aplacar la crisis política, que sigue latente con las investigaciones sobre corrupción en Petrobras, que afectan a casi todos los partidos, decenas de parlamentarios, ocho ministros y hasta salpican al propio mandatario.
Tampoco una mejora en la economía garantizará que Temer siga en el cargo hasta el 1 de enero de 2019, cuando deberá asumir el nuevo presidente que surgirá de las urnas en octubre del año próximo.
El mandato de Temer está amenazado en la justicia electoral, que investiga si la campaña que llevó a Rousseff a la reelección en 2014 y le mantuvo como vicepresidente se financió con dinero originado en la trama corrupta de Petrobras.
Ese proceso está en suspenso, pero deberá concluir este año y, si se comprobasen esas irregularidades, Temer perdería el cargo y el Congreso, tan impopular como el mandatario, escogería a un nuevo presidente en unas elecciones indirectas que alargarían una crisis política que parece no tener fin.
