El Partido Colorado inició una campaña de recolección de firmas a fin de solicitar la enmienda para incluir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional. Sin embargo, algunos funcionarios denuncian extorsión y engaños.
Al respecto, el senador Gustavo Alfonso mencionó que no se trata de una medida impulsada por el Ejecutivo, sino por la Asociación Nacional Republicana (ANR), con base en el pedido realizado por la convención partidaria del año pasado.
La Junta de Gobierno del Partido Colorado está recolectando firmas en todo el país para lograr las 30.000, según establece el artículo 290 de la Constitución Nacional como uno de los requisitos para solicitar el tratamiento de una enmienda constitucional.
Alfonso se mostró confiado y aseguró que “larga y sobradamente” ya superaron esa cantidad y, una vez recolectada la totalidad de las firmas, el oficialismo quiere llevar las planillas hasta el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), donde, tras el conteo, se convocará al pleno de Diputados para analizar el tema.
El parlamentario negó que existan presiones a funcionarios o a personas en medio de esta campaña. “El que firma es porque está convencido de algo”, alegó a la emisora 780 AM.
También considera que es la forma más democrática porque se le da oportunidad a la gente para que sea partícipe y criticó a las personas que estén en contra por cuidar sus intereses. Recordó que un sector del Partido Liberal Radical Auténtico y el Frente Guasu también están juntando las firmas.
No obstante, el legislador evitó referirse a que el proyecto sobre enmienda no puede tratarse hasta agosto de este año debido a que la Cámara de Senadores, en una jugada estratégica de la disidencia y oposición, archivó el documento.
Funcionarios de una oficina regional de la Entidad Binacional Yacyretá comentaron que en una reunión con Wildo Almirón y el director de la entidad, Paul Sarubi, tuvieron que firmar la planilla.
Precisamente, el senador Óscar Cachito Salomón, quien “está de guardia” en el Senado, mencionó que recibió denuncias de muchas instituciones públicas. “Amenazan con represalias a los nombrados y a los contratados les obligan a firmar para renovarles el contrato. Eso pasa en todas las instituciones”, comentó.
Salomón dijo que recibió las denuncias de parte de funcionarios de la Essap, Secretaría de la Mujer, Copaco, Ministerio de Obras Públicas, Dibén, entre otras.
