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Nacional
jueves 10 de noviembre de 2016, 13:09

Senado aprueba con modificaciones la ley de protección integral a la mujer

La Cámara de Senadores aprobó en general y con modificaciones el proyecto de ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia durante la sesión ordinaria de este jueves. El análisis de los artículos se realizará el próximo jueves.

Los senadores opositores y colorados disidentes aprobaron el documento que busca tipificar los casos de feminicidio como una medida para combatir esta problemática. Durante el tratamiento, los oficialistas se retiraron de la sesión con la intención de dejarla sin cuórum.

El presidente de la Comisión de Equidad y Género, Carlos Filizzola, mocionó por aprobar la normativa con los cambios introducidos por esa instancia. "Esta ley viene a llenar un vacío de la sociedad, para proteger a las mujeres que sufren violencia en nuestro país", dijo.

Entre los puntos en discusión, el legislador defendió la tipificación de feminicidio porque considera que no es lo mismo que un homicidio. "Es más grave porque tiene una serie de elementos que lo rodea", indicó.

Criticó la incorporación de la figura de la conciliación obligatoria entre la pareja por la Cámara de Diputados. Sostuvo que es imposible pensar en el cumplimiento de esa figura por el escenario de conflicto.

Las demás comisiones legislativas se allanaron al texto base expuesto por el senador del Frente Guasu para luego tratar cada uno de los artículos en forma particular.

La senadora colorada Blanca Ovelar expresó que la violencia contra la mujer también pasa por lo cultural. "Debemos impulsar un cambio cultural para eliminar este flagelo. Muchos se resistían a la palabra feminicidio, pero es necesaria", aseguró.

En Diputados se aprobó el pasado mes de agosto y ahora volverán a estudiar los cambios introducidos por la Cámara Alta.

POR ELLAS. La normativa cuenta con un total de 43 artículos y tiene como objetivo promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para ello se adoptan medidas políticas y estrategias de prevención, mecanismos de atención, protección y reparación integrales.

Para su aplicación e interpretación se adoptan las definiciones de "discriminación contra la mujer". Se refiere a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, en las esferas: política, económica, social, cultural, civil y laboral.

El otro concepto a ser utilizado es el de "violencia hacia la mujer", que implica toda acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer.

Uno de los artículos del proyecto hace referencia exclusivamente a los diferentes tipos de violencia. Sobre los casos de feminicidio señala que es la acción que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.

En estos hechos se reconoce la figura del tipo penal feminicidio, cuyo marco penal será el equivalente al homicidio agravado. Actualmente, cuando se produce el asesinato de una mujer por parte de su pareja sentimental la carátula judicial es la de Homicidio, como otros tantos crímenes que ocurren día a día.

La aprobación de esta ley permitirá además ampliar las protecciones de la ley 1.600 porque establece medidas específicas que podrán ser implementadas por distintas instancias del Estado a nivel nacional, departamental y municipal para combatir la violencia.

El derecho que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo es otro punto que aborda la normativa. Esto implica un acceso total a educación sexual, métodos anticonceptivos e incluso la decisión de cada cuánto embarazarse.

La violencia de género hoy en día es considerada de gran alcance y se calcula que en Paraguay una mujer muere cada 13 días por esta causa. La tipificación del feminicidio busca ser una herramienta clave para identificar y enfrentar el problema.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo del Ministerio de la Mujer, la Corte Suprema de Justicia y más de cien organizaciones de la sociedad civil, quienes junto con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados llevan adelante la campaña #PorEllas.