El juicio oral arrancó este martes a las 10.30 en Ciudad del Este contra Roberto Velázquez y un agente policial identificado como Carlos Arévalos Duarte. El Ministerio Público abrió una causa en el 2008 donde se los investiga por la supuesta comisión del hecho punible contra el patrimonio (extorsión).
El fiscal de la causa es Igor Cáceres, quien confirmó antes de entrar al juicio que Velázquez visitó en diciembre del 2008 un supermercado utilizando su investidura de funcionario del Ministerio Público. Allí habló con el propietario del comercio, identificado como Francisco Feliponi, y le dijo que existía una denuncia por supuesto contrabando de mercadería, que afectaba al negocio en cuestión.
Velázquez, según la versión del empresario afectado, lo extorsionó diciendo que, si no le daba dinero a cambio de su silencio, intervendría el supermercado. Días después, Arévalos fue hasta el comercio para retirar el dinero que el empresario debía entregarle al ahora exfiscal.
En agosto de este año, Velázquez, padre de la conductora de televisión y actriz Amparo Velázquez, dejó de ser fiscal. El mismo cumplía funciones como representante del Ministerio Público en la Unidad Penal de la III Región, específicamente en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro.
Al respecto, Cáceres sostuvo que pedirán cinco años de cárcel para ambos acusados debido a que cuenta con varias pruebas para demostrar la culpabilidad del abogado y del agente policial. Dijo que el hecho es muy grave, entendiendo que los dos utilizaron su investidura para extorsionar a un hombre.
Velázquez habló con la prensa y negó todo. “Nunca pedí dinero. No hay elementos al respecto en el expediente. Se dijo que el oficial de Policía cobró dinero a mi nombre, eso tampoco está en el expediente. Fui sobreseído por el Jurado de Enjuiciamiento hace tiempo”, dijo en contacto con el periodista Edgar Medina, de Última Hora.
Comentó también que existe un acuerdo firmado con la supuesta víctima donde el hombre reconoce que el hecho no se registró y que todo se trató de un mal entendido. Al respecto, el fiscal del caso sostuvo que en realidad en el documento la víctima reconoce el daño, pero sostuvo que estaba conforme con lo resarcido.
“El acuerdo fue firmado en escribanía pública. Eso es una muestra de que el hecho ocurrió. El querellante se sintió dañado y hoy resarcido. Esto no influye en nada dentro del proceso. Hace nueve años realizamos las imputaciones, presentamos pruebas y demás. Ahora urgimos al Poder Judicial para que se agilicen los plazos y así dirimir lo que nosotros sostenemos. Creemos que hubo un hecho punible de extorsión”, aseguró el fiscal Cáceres.
