Por César Larré
ALTO PARANA
Una red que se dedicaba a la venta ilegal de tierras para la reforma agraria en el Alto Paraná por varias veces su valor fue desbaratada ayer en un procedimiento fiscal derivado de una investigación periodística de Última Hora y Latele. En Ciudad del Este fueron aprehendidas dos personas y una tercera que se encontraba prófuga se entregó en horas de la noche.
Los aprehendidos son Reinaldo Bronstrup Wanderer, ocupante de un inmueble; Andrés Cardozo Mendoza, nexo de una inmobiliaria y Néstor Riquelme, funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quien se encontraba prófugo, finalmente se entregó ayer ya en horas de la noche.
Mediante la investigación periodística se logró completar el circuito del negociado de la venta de derecheras que hasta el momento involucra a un funcionario del Indert y a una inmobiliaria.
Se pudo detectar que continúa esa práctica pese a la vigencia, desde el año 2012, de la Ley 4682 que la castiga.
Las tierras para la reforma agraria eran abiertamente ofrecidas en el sitio de clasificados Clasipar.com.
COMPRA ENCUBIERTA. Al tomar el Ministerio Público conocimiento del caso, en un operativo encubierto concretó la compra de unas 15 hectáreas de la colonia Yacaré Cuá, distrito de Los Cedrales, Departamento de Alto Paraná, comprobándose así el delito.
Reinaldo Bronstrup Wanderer es el ciudadano que tenía la posesión del lote tras haber solicitado al ente rural en el año 2005.
Andrés Cardozo Mendoza trabaja para la empresa Valle Inmobiliaria que fue la intermediaria y el contacto en la institución agraria era el funcionario Néstor Riquelme, quien tiene la función de administrador de colonias, con lo que se cierra el círculo del grupo formado para el negociado descubierto mediante la investigación de ÚH y Latele.
Infraganti. Tanto Bronstrup como Cardozo fueron aprehendidos ya en una escribanía cuando firmaban documentaciones con el falso comprador. Para el operativo el Ministerio Público realizó una entrega vigilada de una seña de aproximadamente USD 20.000.
En el operativo encubierto, la compra del terreno se había acordado en USD 300.000 (casi 1.700 millones de guaraníes al cambio actual), cuando que el precio subsidiado que concede el Estado, bajo el programa de la reforma agraria, es de apenas G. 12.000.000.
Allanamientos. El fiscal René Fernández fue quien encabezó el procedimiento en la Escribanía Villalba, ubicada en el centro mismo de Ciudad del Este. Paralelamente, la agente Nadine Portillo allanaba la sede regional del Indert, de donde se extrajeron varias documentaciones para un mejor estudio, pues se sospecha que varios otros lotes para la reforma agraria fueron ilegalmente vendidos, con el mismo sistema.
Las tres personas aprehendidas guardaron anoche reclusión en la Fiscalía de Delitos Económicos de Ciudad del Este y esta mañana deberán comparecer ante un Juzgado para la audiencia de imposición de medidas.
Implicados pueden ir a prisión por 5 años
El fiscal anticorrupción René Fernández explicó que la investigación se nasa en la violación a la ley que prohíbe la venta de derecheras de inmuebles del Indert.
Habló de “un grupo de personas que ofrece y vende públicamente inmuebles que pertenecen al patrimonio del Indert en violación a la ley que prohíbe esa conducta”.
Fernández indicó que el mencionado delito “tiene una expectativa de pena privativa de libertad de dos a cinco años”.
El fiscal explicó que la red operaba con un ofrecimiento público de la venta de inmuebles supuestamente ya con el cumplimiento respecto a los plazos vonculados a las restricciones de la propiedad del Indert.
Dijo que se corroboró que se actuó en violación a dichas restricciones, principalmente la referida al plazo de 10 años posterior a la adjudicación y titulación.
Indicó que “se hace una simulación en el trámite administrativo en el cual supuestamente el beneficiario renuncia a sus derechos y aparece un nuevo interesado”, por debajo de ese trámite administrativo existe una compraventa de derechos a ese inmueble.
La renuncia es legal, lo ilegal es que esa simulación se haga en base a un contrato de compraventa con el cual el beneficiario lucra a costas del Indert.
Subrayó que se actuó “con autorización judicial y previa autenticación de billetes y de documentos ordenados por el juez Gustavo Amarilla”.
La venta fue pactada en USD 300.000 y ese inmueble fue adquirido del Indert por aproximadamente G 12.000.000
Según declaró el fiscal, existen funcionarios del Indert involucrados.
“El intermediario sería la persona que hace el ofrecimiento público de la venta, después tenemos el beneficiario, respecto al trámite vigente en el Indert y finalmente tenemos al funcionario del Idert que operaba como un contacto que garantizaba la operación”, explicó Fernández.