Por Sergio Noe
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Por primera vez en 64 años de historia, la entidad privada Autores Paraguayos Asociados (APA) recibió ayer una ejemplar sanción del Estado por graves irregularidades detectadas en el marco de la investigación administrativa, entre ellas, millonarias autoasignaciones a directivos por más de G. 124.828.621 anuales.
Con la suspensión del funcionamiento de APA durante seis meses y una multa de G. 182.405.500, la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (Dinapi) busca detener el “reparto antojadizo” del dinero de los artistas –según señala el informe–, mejorar el pago a los músicos paraguayos por derechos autorales e intentar cerrar así un capítulo de malos manejos en la historia de la entidad.
Por de pronto, APA no podrá realizar cobros por espectáculos ni pagos a los artistas hasta tanto se busque un mecanismo legal al respecto.
La sanción de Dinapi se materializó tras varias semanas de enfrentamiento, en donde incluso los artistas se manifestaron solicitando transparencia y la renuncia de la directiva.
La resolución del juez instructor Leopoldo López –director general de derechos de autor de Dinapi– también amonesta a los integrantes de la comisión de APA y advierte que de seguir la negativa del control y la fiscalización por parte de la autoridad estatal “se tomarán otras medidas administrativas”.
Según la resolución, APA infringió sus propios estatutos e incurrió en hechos que afectan a los intereses de sus asociados, y fue sancionada por el artículo 149 de la Ley de Derechos de Autor por tratarse de “actos graves”.
López anunció que la Dinapi tomará las medidas necesarias para que esta situación no afecte los pagos de las regalías. Aclaró que en los próximos días Dinapi emitirá otra resolución sobre cómo quedará la administración de APA, dejando entrever la posibilidad de un eventual “interventor”.
El funcionario sostuvo que existen mecanismos legales para que los músicos y socios puedan apelar la resolución recurriendo al Tribunal de Cuentas.
Paralelamente a la resolución, la Dinapi elevaría la semana entrante una denuncia al Ministerio Público, según confirmó su titular, Patricia Stanley.
La histórica resolución se sustenta en las conclusiones del informe del director de Observancia de Dinapi, Héctor Balmaceda, que revela “deficiencias” en la recaudación y distribución de las regalías, entre otras irregularidades.