Ayer se denunció en conferencia de prensa en el Indert la existencia de un grupo de escribanos, bien identificados, que “perfeccionan” la operación de compraventa de derecheras.
Mediante una investigación de Última Hora y Latele se pudo detectar que continúa campante el negociado de la venta de derecheras, pese a la vigencia, desde el año 2012, de la Ley 4682 que la castiga.
Los graves casos descubiertos hicieron que el Indert convoque a una conferencia de prensa.
Hugo Jiménez, coordinador general del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), denunció la existencia de esta rosca corrupta de escribanos.
Precisó que hay un circuito de ilegalidad para la compraventa de derecheras. “Obviamente esto no se perfecciona si no hay una presencia del Indert, hay un paraguayo beneficiario prestanombre, hay un extranjero o un no sujeto apoderado y hay una escribanía que claramente tiene prohibido hacer estos trámites, pero lo han hecho”, manifestó.
Puso de ejemplo un caso detectado con el SIRT; de una persona que recibió su título de propiedad en junio de 2012 y 13 meses después un escribano vendió y transfirió la propiedad a un brasileño.
“Acá hay escribanos testificando, diciendo que un paraguayo es prestanombre de un extranjero. El extranjero cancela la cuenta y hay un escribano, con hoja de seguridad que es capaz de hacer estas operaciones”, disparó Jiménez.
Indicó que 19 casos de compraventa de derecheras fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República, incluyendo el juicio a los escribanos “y en esto nos está acompañando la escribana mayor de Gobierno (Martha Narvaja) porque la idea es cazar la matrícula de estos escribanos”, aseveró.
“Tenemos identificado un grupo de escribanos; vamos a ir a la Corte para pedir que se les cace la matrícula, con casos bien identificados”, aseguró Jiménez.
A su turno, el presidente del Indert, Justo Cárdenas, solicitó que los que “comercialicen derecheras sean procesados por la Justicia y vayan a la cárcel”.
Aseguró no haber firmado un solo título de tierra producto de la ilegalidad.
En otro momento admitió que se siguen cometiendo actos de corrupción en las oficinas regionales del ente.
Por su parte, Carlos Soler, gerente de Créditos de la institución, se refirió a las denuncias sobre venta de derecheras realizadas en la Fiscalía ya desde el 2014, y que hasta ahora no tuvieron resultado.
Son tres casos revelados mediante la investigación periodística. En uno de ellos se logró completar el circuito del negociado de la venta ilegal de tierras públicas.
Actualmente hay tres imputados por intentar vender tierras públicas en el Alto Paraná, entre ellos un funcionario del Indert. Así también, el Ministerio Público tiene en la mira otros casos.