“Lo que tenemos ahora son tribunales de cuentas, que se dividen en dos salas, una que juzga las cuentas del Estado y otra que tiene a su cargo los conflictos entre los particulares y el Estado. Eso ha traído muchísimos problemas a la lucha contra la corrupción”, señaló María Victoria Rivas, miembro de la Comisión y del Centro de Estudios Judiciales.
“Lo que la Comisión va a hacer ahora es precisar la competencia: va a determinar con mayor claridad la ley cuáles son las acciones administrativas de control de la Contraloría y cuáles van a ser competencia en el juzgamiento de las cuentas que va a quedar a cargo de la jurisdicción contencioso administrativa”, añadió Rivas.
Los antecedentes refieren que más de 200 instituciones públicas presentaron acciones de inconstitucionalidad para evitar que la Contraloría General audite sus cuentas. Los accionantes, en su mayoría municipios y gobernaciones, buscan ser auditados por el Tribunal de Cuentas.
“Lo que ahora se trata de hacer es seguir la jurisprudencia que existe en ese sentido: la Contraloría puede auditar todas las cuentas públicas del Estado y cuando existe conflicto, entra el tribunal de Cuentas”, explicó María Victoria Rivas.
Sobre el punto, indicó que ahora un equipo va a consultar con expertos para establecer la competencia de los juzgados contenciosos administrativos y luego ya redactar la ley. Este punto, mencionó, se enmarca dentro del debate por la modificación del Código de Organización Judicial.
