16 sept. 2025

Presidente de la Corte ordena auditoría en caso de mujer encadenada en Luque

Tras publicaciones periodísticas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dispuso que se realice una auditoría sobre el caso de una mujer que se encadenó este lunes en la sede del Juzgado de Luque exigiendo justicia por un accidente ocurrido hace dos años.

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La mujer, acompañada de pobladores que la apoyan, en el Juzgado de Luque. Foto: Juan Agüero.

Este lunes una mujer se encadenó en Luque debido a la falta de resolución de un caso ocurrido hace dos años, en donde falleció su hijo de 6 años y su hija de 10 quedó con una pierna rota.

La manifestante quedó postrada en una silla de ruedas tras el accidente de tránsito donde perdió una pierna y además tiene un brazo inmóvil.

La denunciante del caso es la señora Zulma Sosa, quien se manifestó hoy pidiendo que se tramite su expediente, el cual está en manos del magistrado Julio César Fernández, a quien ella culpa de no procesar la denuncia del hecho.

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El caso está caratulado como “Gladys Jorgelina Vargas sobre homicidio culposo”. Ante esto Luis María Benítez Riera, presidente de la Corte, solicitó la remisión de antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial de manera inmediata.

La mujer sufrió un accidente de tránsito en Limpio, camino a Piquete Cué, en junio de 2015. Relató que llevaba a sus dos hijos en motocicleta cuando fue embestida por un automóvil al mando de la directora de un colegio de Limpio.

Debido al fuerte impacto su hijo de 6 años falleció, su hija quedó con heridas en la cabeza y una pierna rota, mientras que Sosa perdió la pierna izquierda y el brazo del mismo lado le quedó inmóvil.

Zulma testificó esta mañana, en contacto con Radio Monumental, que el caso se elevó a juicio oral; sin embargo, a casi dos años del accidente un juez decretó que el mismo pase a marzo de 2018. La mujer se quejó del actuar del fiscal Benjamín Marisevich, ya que “siempre estuvo en contra” suya.

Supuestamente se le ofreció G. 30 millones para tratar de llegar a un arreglo y el agente fiscal le dijo que acepte. La afectada no aceptó, ya que, según dijo, los G. 30 millones no le solucionarían sus problemas.
El abogado de la otra persona involucrada en el accidente es Víctor Gómez Verlangieri.

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